Sebastián Casanello consideró que los 26 imputados fueron "partícipes necesarios del delito de comercio de estupefacientes, agravado, y coautores de los delitos de abandono de persona seguido de lesiones y muerte, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de dejar de promover la persecución y represión del delito"
Los miembros de la Prefectura y el jefe del servicio de Policía adicional "colaboraron de forma necesaria en permitir el comercio de sustancias prohibidas, incumpliendo con sus obligaciones legales relativas a perseguir y reprimir los delitos y contravenciones", señaló el informe judicial. También dispuso embargos por 20.000.000 de pesos “a fines de garantizar, entre otras cosas, eventuales indemnizaciones a las víctimas”.
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