El río revuelto

La coronación en España de José Bonaparte sembró dudas sobre la legitimidad de la autoridad virreinal.

La declaración de Independencia en 1776 de Estados Unidos de Gran Bretaña sirvió como un ejemplo para los criollos de que una revolución e independencia en Hispanoamérica eran posibles. La Constitución estadounidense proclamaba que todos los hombres eran iguales ante la ley (aunque, por entonces, dicha proclamación no alcanzaba a los esclavos), defendía los derechos de propiedad y libertad y establecía un sistema de gobierno republicano.

A su vez, desde finales del siglo XVIII se había comenzado a difundir los ideales de la Revolución Francesa de 1789, en la cual una asamblea popular finalizó con siglos de monarquía, con la destitución y ejecuciones del rey de Francia Luis XVI y su esposa María Antonieta y la supresión de los privilegios de los nobles. ‘La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano’, cuyos principios eran Liberté, égalité, fraternité (“libertad, igualdad, fraternidad”), tuvo una gran repercusión entre los jóvenes de la burguesía criolla. La Revolución francesa motivó también la expansión en Europa de las ideas liberales, que impulsaban las libertades políticas y económicas. Algunos liberales políticos influyentes de dicha época, opuestos a las monarquías y al absolutismo, eran Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot y Jean Le Rond d’Alembert, mientras que el principal representante de la economía liberal era Adam Smith, autor del libro ‘La riqueza de las naciones’ que proponía el libre comercio.

Aunque la difusión de dichas ideas estaba muy restringida en los territorios españoles, pues no se permitía el ingreso de tales libros a través de las aduanas, igualmente estos se difundían en forma clandestina.

Las ideas revolucionarias alcanzaron incluso al ámbito eclesiástico, Francisco Suárez (1548-1617) sostenía “que el poder político no pasa de Dios al gobernante en forma directa sino por intermedio del pueblo”. Este sería entonces, de acuerdo con Suárez, el que posee el poder y lo delega en hombres que manejan al Estado y si dichos gobernantes no ejercieran apropiadamente su función de gerentes del bien común se transformarían en tiranos y el pueblo tendría el derecho de derrocarlos o enfrentarlos, y establecer nuevas autoridades.

En Gran Bretaña, mientras tanto, se inicia la revolución industrial, y para satisfacer ampliamente las necesidades de su propia población necesitaba nuevos mercados a los cuales vender su creciente producción de carbón, acero, telas y ropa. Gran Bretaña ambicionaba que el comercio de las colonias españolas, en América, dejara de estar monopolizado por su metrópoli. Para lograr este fin intentó conquistarlas (intento fallido en el Río de la Plata mediante las dos Invasiones Inglesas, de 1806 y 1807), y luego, ante la imposibilidad de incorporarla a sus dominios promovió su emancipación y balcanización. 

En Europa, se desarrollaban las Guerras Napoleónicas, que enfrentaron al Imperio Napoleónico francés contra Gran Bretaña y España, entre otros países. Francia tuvo una gran ventaja inicial y, mediante las abdicaciones de Bayona, forzó la renuncia de Carlos IV de España y su hijo Fernando VII. Estos fueron reemplazados en el trono español por José Bonaparte, hermano del emperador francés: Napoleón Bonaparte. La monarquía española intentó resistir formando la Junta Suprema de España e Indias o Junta Suprema Central de Sevilla y, tras la derrota de ésta, el Consejo de Regencia de España e Indias o Consejo de Regencia en Cadiz.

A lo largo del siglo XVIII, las reformas en el Imperio Español llevadas adelante por la Casa de Borbón (que reemplazó a la Casa de Austria a partir del 16 de noviembre de 1700) transformaron la Hispanoamérica de aquel entonces de “reinos” relativamente autónomos, en colonias enteramente dependientes de decisiones tomadas en España en beneficio de ella. Entre las principales reformas borbónicas en América se destacó la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que reunió territorios dependientes hasta entonces del muy extenso Virreinato del Perú y de la capitanía de Chile y dio una importancia principal a su capital, la ciudad de Buenos Aires, que había tenido una significación secundaria hasta ese momento.

En el Virreinato del Río de la Plata el comercio exterior era un monopolio de España y legalmente no se permitía el comercio con otras potencias. Esta situación era altamente desventajosa para Buenos Aires ya que la corona española minimizaba el envío de barcos rumbo a dicha ciudad. Esta decisión de la metrópoli se debía a que la piratería obligaba a enviar a los barcos de comercio con una fuerte escolta militar, y ya que Buenos Aires no contaba con recursos de oro ni de plata ni disponía de poblaciones indígenas establecidas de las cuales obtener recursos o someter al sistema de encomienda; enviar los convoyes de barcos a la ciudad era mucho menos rentable que si eran enviados a México o Lima. Dado que los productos que llegaban de la metrópoli eran escasos, caros e insuficientes para mantener a la población, tuvo lugar un gran desarrollo del contrabando, que era tolerado por la mayoría de los gobernantes locales. El comercio ilícito alcanzaba montos similares al del comercio autorizado con España. En este contexto se formaron dos grupos de poder diferenciados: los que reclamaban el comercio libre para importar directamente con cualquier país sin tener que necesariamente comprar todas las mercaderías trianguladas por España. Dentro de este grupo del comercio libre pueden distinguirse a su vez a un grupo de poderosos contrabandistas criollos o españoles asociados a los mercaderes ingleses que fomentaban la nula protección de la manufactura local, y por el otro lado, a un grupo que, si bien, quería romper el monopolio español, no deseaba una desprotección de la manufactura y producción locales (Mariano Moreno). El otro grupo de poder eran los comerciantes monopolistas, autorizados por la Corona española, quienes rechazaban el libre comercio y propugnaban por la continuidad del monopolio ya que si los productos entraban legalmente disminuirían sus ganancias.

En la organización política, especialmente desde la fundación del Virreinato del Río de la Plata, el ejercicio de las instituciones residentes recaía en funcionarios designados por la corona, casi exclusivamente españoles provenientes de la metrópoli, sin vinculación con los problemas e intereses americanos. Legalmente no había diferenciación de clases sociales entre españoles peninsulares y del virreinato, pero en la práctica los cargos más importantes recaían en los primeros. La burguesía criolla, fortalecida por la revitalización del comercio e influida por las nuevas ideas, esperaba la oportunidad para acceder a la conducción política.

La rivalidad entre los habitantes nacidos en la colonia y los de la España europea dio lugar a una pugna entre los partidarios de la autonomía y quienes deseaban conservar la situación establecida. Aquellos a favor de la autonomía se llamaban a sí mismos patriotas, americanos, sudamericanos o criollos, mientras que los partidarios de la realeza española se llamaban a sí mismos realistas. Los patriotas eran señalados despectivamente por los realistas como insurgentes, facciosos, rebeldes, sediciosos, revolucionarios, descreídos, herejes, libertinos o caudillos; mientras que los realistas eran a su vez tratados en forma despectiva como sarracenos, godos, gallegos, chapetones, matuchos o maturrangos por los patriotas.

Buenos Aires, la capital del Virreinato, había logrado un gran reconocimiento ante las demás ciudades, luego de expulsar a las tropas inglesas en dos oportunidades durante las Invasiones Inglesas. La victoria contra las tropas inglesas alentó los ánimos independentistas ya que el virreinato había logrado defenderse sólo de un ataque externo, sin ayuda de España. Durante dicho conflicto se constituyeron milicias criollas que luego tendrían un importante peso político, la principal de ellas era el Regimiento de Patricios liderado por Cornelio Saavedra.

Una alternativa considerada antes de la revolución fue el Carlotismo, que consistía en apoyar a la infanta Carlota Joaquina de Borbón, hermana del rey Fernando VII de España y esposa y princesa consorte del príncipe regente Juan de Portugal, para que se pusiera al frente de todas las colonias españolas como regente. Estaba capacitada para hacerlo por la derogación de la Ley Sálica en 1789, y su intención sería prevenir un posible avance francés sobre las mismas. El intento no fue apoyado por los españoles peninsulares, pero sí por algunos núcleos revolucionarios que veían en ello la posibilidad de independizarse en los hechos de España. Entre ellos se encontraban Juan José Castelli, Juan José Paso, Antonio Luis Beruti, Hipólito Vieytes y Manuel Belgrano; otros revolucionarios como Mariano Moreno y Cornelio Saavedra estaban en desacuerdo. Sin embargo, la propia infanta renegó de tales apoyos, y denunció al virrey las motivaciones revolucionarias contenidas en las cartas de apoyo que le enviaron. Sin ningún otro respaldo importante, las pretensiones de Carlota fueron olvidadas. Incluso después de la revolución hubo algunas aisladas propuestas de coronación de la Infanta como estrategia dilatoria, pero ésta estaba completamente en contra de los sucesos ocurridos. En una carta enviada a José Manuel de Goyeneche dijo: “en estas circunstancias creo de mi deber rogarte y encargarte que emplees todos tus esfuerzos en llegar cuanto antes a Buenos Aires; y acabes de una vez con aquellos pérfidos revolucionarios, con las mismas ejecuciones que practicaste en la ciudad de La Paz”.

Desde mediados del siglo XVIII en el Río de la Plata, al igual que lo que sucedía en el resto de la América española, dos corrientes de pensamiento distintas influyeron en la cosmovisión filosófica que impactó en la acción política. Estas posiciones continuaron durante el proceso que se inició en 1810 y que culminó con la emancipación.

La primera corriente de pensamiento era de inspiración cristiana. Ella tuvo dos principales subescuelas. La más arraigada fue la escuela sostenida por la doctrina del sacerdote jesuita, Francisco Suárez, de la Escuela de Salamanca, que pregonó que la autoridad es dada por Dios, pero no al rey sino al pueblo, teoría que fue divulgada por los profesores de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca y aprendida por sus estudiantes, muchos de los cuales fueron varios de los posteriores patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo. La otra escuela se inspiró en la Revolución Americana que, aunque tuvo otros orígenes, acuñó para sí como lema nacional la frase In God we trust que en inglés significa: “En Dios confiamos” y que sintetiza acabadamente el pensamiento de los revolucionarios de las primitivas colonias norteamericanas.

La segunda corriente de pensamiento fue racionalista, laicista e iluminista que sustentó la filosofía política de Voltaire y de la Revolución Francesa.

Hacia principios del siglo XIX, en el Río de la Plata, ambas corrientes de pensamiento se vieron reflejadas a través de diversos patriotas que gestaron la emancipación. Así, el militar Cornelio Saavedra, fray Cayetano Rodríguez, fray Francisco de Paula Castañeda, el presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, el licenciado Manuel Belgrano, Esteban Agustín Gascón, Gregorio García de Tagle, entre muchos otros, fueron defensores del pensamiento católico y de la Iglesia en contra el anticatolicismo de los grupos liderados primero por Mariano Moreno y Juan José Castelli, y después por Bernardino Rivadavia, quien se valió de políticas regalistas y laicizantes.

Tras la victoria obtenida durante las Invasiones Inglesas, la población de Buenos Aires no aceptó que el virrey Rafael de Sobremonte retomara el cargo, ya que durante el ataque había huido de la ciudad rumbo a Córdoba con el erario público. Si bien, Sobremonte lo hizo obedeciendo una ley que databa de la época de Pedro de Cevallos, que indicaba que en caso de ataque exterior se debían poner a resguardo los fondos reales, dicha acción lo hizo aparecer como un cobarde a los ojos de la población. En su lugar, el nuevo virrey fue Santiago de Liniers, héroe de la reconquista, elegido por aclamación popular.

Sin embargo, la gestión de Liniers comenzó a recibir cuestionamientos. El principal adversario político de Liniers era el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, quien los canalizó en una denuncia sobre el origen francés de Liniers: argumentaba que era inaceptable que un compatriota de Napoleón Bonaparte, en guerra con España en ese entonces, ocupara el cargo. Sin embargo, a pesar de los reclamos de Liniers, no pudo brindar pruebas concretas de que el virrey complotara con los franceses. Elío se negó a reconocer la autoridad de Liniers y formó una junta de gobierno en Montevideo, independiente de las autoridades de Buenos Aires.

En ese entonces, confluyeron varios sectores con diferentes opiniones sobre cuál debía ser el camino a seguir en el Virreinato del Río de la Plata. Una situación análoga a la que se estaba viviendo había sucedido un siglo antes, durante la Guerra de Sucesión Española entre los austracistas y los borbónicos, en la que durante quince años los dominios españoles de ultramar no sabían a quién reconocer como el rey legítimo. En aquella oportunidad, una vez que se instaló Felipe V en el trono español los funcionarios americanos lo reconocieron y todo volvió a su curso. Probablemente en 1810, muchos, especialmente españoles, creían que bastaba con formar una junta y esperar a que en España retornara la normalidad.

El alcalde y comerciante español afincado en Buenos Aires Martín de Álzaga y sus seguidores, hicieron estallar una asonada con el objetivo de destituir al virrey Liniers. El 1 de enero de 1809, un cabildo abierto exigió la renuncia de Liniers y designó una Junta a nombre de Fernando VII, presidida por Álzaga; las milicias españolas y un grupo de personas convocados por la campana del cabildo apoyaron la rebelión. Las milicias criollas encabezadas por Cornelio Saavedra rodearon la plaza, provocando la dispersión de los sublevados. Los cabecillas fueron desterrados y los cuerpos militares sublevados fueron disueltos. Como consecuencia, el poder militar quedó en manos de los criollos que habían sostenido a Liniers y la rivalidad entre criollos y españoles peninsulares se acentuó. Los responsables del complot, desterrados a Carmen de Patagones, fueron rescatados por Elío y llevados a Montevideo.

En España, la Junta Suprema Central decidió terminar con los enfrentamientos en el Virreinato del Río de la Plata disponiendo el reemplazo del virrey Liniers por don Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien arribó a Montevideo en junio de 1809. La Junta Suprema Central envió al nuevo virrey con instrucciones muy precisas: la detención de los partidarios de Liniers y la de los criollos que secretamente bregaban por la independencia. El traspaso del mando se hizo en Colonia del Sacramento, Javier de Elío aceptó la autoridad del nuevo virrey y disolvió la Junta de Montevideo, volviendo a ser gobernador de la ciudad. Cisneros rearmó las milicias españolas disueltas tras la asonada contra Liniers, e indultó a los responsables de las mismas.

En Buenos Aires, Juan Martín de Pueyrredón se reunió con los jefes militares para tratar de desconocer la autoridad del nuevo virrey. Este plan contó con el apoyo de Saavedra, Belgrano, Eustoquio Díaz Vélez, Juan José Viamonte, Miguel de Azcuénaga, Castelli y Paso, pero no con el visto bueno de Liniers, quien se mantuvo leal a los realistas.

El descontento con los funcionarios españoles se manifestó también en el interior del Virreinato del Río de la Plata, particularmente en el Alto Perú.

El 25 de mayo de 1809, una revolución destituyó al gobernador y presidente de la Real Audiencia de Charcas o Chuquisaca, Ramón García de León y Pizarro, acusado de apoyar al protectorado portugués; el mando militar recayó en el coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales. La autoridad civil quedó en situación indecisa, de modo que fue en parte ejercida por el mismo Arenales.

El 16 de julio, en la ciudad de La Paz otro movimiento revolucionario liderado por el coronel Pedro Domingo Murillo y otros patriotas obligó a renunciar al gobernador intendente Tadeo Dávila y al obispo de La Paz, Remigio de la Santa y Ortega. El poder recayó en el cabildo hasta que se formó la Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo, presidida por Murillo. 

La revolución de Chuquisaca no se proponía alterar la fidelidad al rey, mientras que la revolución de La Paz se proclamó abiertamente independiente. Actualmente, los historiadores tienen diversas interpretaciones sobre si la revolución de Chuquisaca tuvo motivaciones independentistas o si fue sólo una disputa entre fernandistas y carlotistas. En consecuencia, existen desacuerdos sobre si la primera revolución independentista en Hispanoamérica fue la de Chuquisaca o la de La Paz. Durante el proceso instruido a raíz de las revoluciones en Chuquisaca y La Paz se mencionó a Rousseau y su libro El contrato social como cuerpos del delito.

La reacción de los funcionarios españoles derrotó estos movimientos: el de La Paz fue aplastado sangrientamente por un ejército enviado desde el Virreinato del Perú, mientras que el de Chuquisaca fue sofocado por tropas que envió el virrey Cisneros.

Las medidas tomadas por el virrey contra dichas revoluciones acentuaron el resentimiento de los criollos contra los españoles peninsulares, ya que Álzaga fue indultado de la prisión recibida tras su asonada, lo cual reforzaba entre los criollos la sensación de inequidad. Entre otros, Castelli estuvo presente en los debates de la Universidad de San Francisco Xavier en donde se alumbró el silogismo de Chuquisaca, el cual influenció sus posturas en la Semana de Mayo.

En el plano económico, ante las dificultades y costos del comercio con España, Cisneros aceptó la propuesta de Mariano Moreno e instauró el 6 de noviembre de 1809 el libre comercio con las demás potencias. Los principales beneficiados eran Gran Bretaña y los sectores ganaderos que exportaban cueros. Sin embargo, los comerciantes que se beneficiaban del contrabando reclamaron a Cisneros que anule el libre comercio, a lo cual accedió para no perder su apoyo. Esto provocó a su vez que los ingleses, con Mac Kinnon y el capitán Doyle como representantes, reclamaran una revisión de la medida, haciendo valer el carácter de aliados contra Napoleón de España y Gran Bretaña. Mariano Moreno también criticó la anulación, formulando la Representación de los Hacendados, la cual es considerada como el informe de política económica más completo de la época del virreinato. Cisneros resolvió finalmente otorgar una prórroga al libre comercio, la cual finalizó el 19 de mayo de 1810.

El 25 de noviembre de 1809, Cisneros creó el Juzgado de Vigilancia Política, con el objetivo de perseguir a los afrancesados y a aquellos que alentaran la creación de regímenes políticos que se opusieran a la dependencia de América de España. Esta medida y un bando emitido por el virrey previniendo al vecindario de “díscolos que extendiendo noticias falsas y seductivas, pretenden mantener la discordia” les hizo pensar a los porteños que bastaba sólo un pretexto formal para que estallase la revolución. Por eso, en abril de 1810, Cornelio Saavedra les expresaba a sus allegados: “aún no es tiempo; dejen ustedes que las brevas maduren y entonces… las comeremos.”