La precariedad laboral en Argentina llega al 46% de la población
La administración de Javier Milei avanza con su plan de inanición económica y disciplinamiento social, ante la parsimonia de una oposición subsumida en chicanas de Palacio. La precariedad laboral, entendida como la proliferación de trabajos sin registración y otras modalidades como el cuentapropismo, el monotributo, u empleos que no llegan a cubrir niveles dignos de ingresos, se ubica en el 46,8% de la fuerza laboral de todo el país.
Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el guarismo se ubica en el 70%. Trabajadores pobres que no logran cubrir el costo de una canasta básica. Estos resultados se desprenden de la última base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Indec y analizada por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina el economista Claudio Lozano.
“Esta es la foto de una Argentina que viene de atravesar un período de fuerte regresividad en términos distributivos, con enfriamiento de la actividad económica en el marco del acuerdo con el FMI y con un mercado interno que se deteriora”, grafican desde el IPyPP. En la primera fase del programa económico de la casta mileista, la pobreza llegó al 58,6% (descontado el circunstancial pago de los aguinaldos), es decir, 13 puntos porcentuales más que los valores registrados al cuarto trimestre del año pasado.
En otras palabras, este salto implicó que 7,8 millones más de personas cayeran bajo la línea de pobreza. La información desagregada sobre las condiciones laborales de extrema precariedad para casi la mitad de los trabajadores del país corresponde a los primeros tres meses de la gestión Milei. Un programa de inanición económica y disciplinamiento social de shock, agravado tras la sanción de la estructura jurídica de la Ley de Bases (reforma laboral) y el DNU 70/23.
“Las dificultades que presenta la matriz productiva argentina para generar suficientes ocupaciones de calidad, ya sea en términos de ingresos, estabilidad y/o acceso a un conjunto de derechos sociales, se han agravado en los últimos años, lo cual se expresa en los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia.
Casi una cuarta parte de los trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 79% corresponde a ocupaciones de baja calificación”, puede leerse en el trabajo del IPyPP.