Capital Humano apeló una sentencia judicial que obligaba al Gobierno a garantizar el abastecimiento adecuado de alimentos

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, apeló la sentencia definitiva y de fondo del juez Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, que le obliga a presentar informes mensuales sobre sus programas de asistencia alimentaria y a “garantizar el abastecimiento adecuado de alimentos de los grupos vulnerables”.

La decisión judicial surgió de un recurso de amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el patrocinio del abogado y dirigente político Juan Grabois, en el que se demandó al Estado por la interrupción de suministros de alimentos a comedores y merenderos comunitarios. Según Capital Humano, la sentencia fue “arbitraria” y “excede las competencias del Poder Judicial, ya que el control de estos programas debería corresponder a organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”.

El mismo magistrado había determinado que la cartera de Pettovello había cumplido con sus obligaciones. Sin embargo, en la nueva resolución ordenó la presentación de informes mensuales, lo que el ministerio considera “una invasión a sus prerrogativas”. Desde Capital Humano argumentan que la sentencia es contradictoria, ya que, aunque se reconoce el cumplimiento de las políticas alimentarias, se le impone al ministerio una supervisión constante. Además, sostienen que el control de estas políticas le corresponde al Poder Ejecutivo y que la intervención judicial en este ámbito es innecesaria y afecta su autonomía.