Senadores buscan declarar la emergencia en Vialidad luego de que la Justicia frenara el decreto que disuelve el área
El intento del Gobierno de Javier Milei por avanzar con el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad sumó un nuevo revés judicial, y derivó en una reacción legislativa que busca frenar la medida con un proyecto de emergencia.
Luego de que la Justicia federal de San Martín aprobara un amparo presentado por el gremio del sector que dejó sin efecto el decreto gubernamental publicado el pasado 8 de julio que ordenaba la disolución del organismo, en paralelo, un bloque de senadores peronistas presentó una iniciativa para proteger a Vialidad, declarándola un ente público estratégico y exceptuándola de cualquier plan de privatización o desguace.
En respuesta al fallo judicial, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que el Ejecutivo apelará la decisión. En tanto, los senadores del bloque peronista Convicción Federal se movilizaron en defensa del organismo y propusieron declarar por ley la emergencia del Sistema Vial Nacional por dos años.
El objetivo, argumentaron, es frenar los intentos de privatización y garantizar la continuidad de las obras públicas paralizadas desde diciembre pasado. La propuesta lleva las firmas de los senadores Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca).
En su articulado, busca reconocer a Vialidad Nacional como un ente estratégico para el desarrollo del país y plantea aumentar su presupuesto, establecer protocolos de mantenimiento de rutas, planificar acciones ante emergencias y blindarlo ante posibles modificaciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
El proyecto también establece que Vialidad Nacional quedará expresamente exceptuada de los alcances del DNU 70/2023, una norma madre del Gobierno libertario que permite transformar entes públicos en sociedades anónimas, lo que refuerza la protección institucional. Según expresaron los legisladores, la infraestructura vial “es vital para la conectividad, el transporte de la producción y la seguridad de quienes circulan por las rutas argentinas”.
Mientras tanto, en el Congreso ya se acumulan más de veinte iniciativas legislativas de diputados y senadores que cuestionan el DNU 461/2025, mediante el cual se cerró el suborganismo. Todas ellas apuntan a frenar reubicaciones, cesantías, suspensiones y cualquier tipo de supresión estructural en la Dirección Nacional de Vialidad.