La Corte Suprema deberá resolver reclamos millonarios de casi todas las provincias contra la Nación
Entre los principales casos que deberá analizar la Corte Suprema en los próximos meses, se encuentran los reclamos millonarios presentados por casi todas las provincias contra el Estado Nacional.
La suma de todas estas demandas asciende a $1.867.616.986.145, casi dos billones de pesos, sin contar intereses ni montos aún indeterminados, según fuentes del Tribunal. Esta cifra de proporciones ilustra la magnitud de la presión fiscal que enfrenta el Estado Nacional por las demandas provinciales que deben resolver los jueces de la Corte.
Prácticamente, todas las Provincias mantienen demandas activas contra la administración central, por cuestiones que abarcan desde el financiamiento previsional hasta la coparticipación y la gestión de recursos estratégicos.
Aunque muchos de estos reclamos se originaron antes de la gestión de Javier Milei, el Estado Nacional es el único demandado y, en última instancia, el responsable de responder ante la Justicia, independientemente de la administración de turno.
Los reclamos por fondos previsionales: a la cabeza de las demandas
El abanico de litigios es amplio y abarca temáticas diversas. Uno de los ejes más relevantes es el déficit de las cajas previsionales provinciales.
Ocurre que diferentes leyes establecieron que el Estado Nacional debía financiar los sistemas previsionales de las Provincias, compromiso que ha sido objeto de reclamos tanto durante la gestión de Milei como en Gobiernos anteriores, incluido el de Alberto Fernández.
Entre las provincias que han judicializado este tema se encuentran Santa Fe, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Formosa y La Pampa.
Coparticipación federal
Otro foco de conflicto es la coparticipación federal de impuestos. Las Provincias han presentado demandas por la reducción del impuesto a las ganancias, dispuesta por el Decreto 473/2023, que consideran afecta la masa coparticipable y, por ende, sus ingresos.
En este punto, han accionado judicialmente Mendoza, Corrientes, Jujuy y Chaco, entre otras jurisdicciones. Además, existen causas vinculadas a presuntos incumplimientos de los consensos fiscales firmados en 2017 y 2021, con reclamos de Corrientes, Santa Cruz y San Luis.
Juicios por fondos no remitidos
Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también deberán estudiar demandas específicas por fondos no remitidos, como es el caso del planteo de La Rioja, y por el redireccionamiento de recursos originalmente destinados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, con la provincia de La Pampa como demandante.
Además, entre los múltiples reclamos también figuran la reducción de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la afectación del IVA (San Luis), la detracción de la masa coparticipable para financiar la ANSES (La Pampa), y la plena coparticipación de impuestos como el de los débitos y créditos bancarios (San Luis), el adicional al cigarrillo (San Luis) y el interno sobre seguros.