12.500 productores yerbateros rechazan decreto desregulador de Milei y lo llaman “certificado de defunción”
El Gobierno nacional publicó el decreto 812/25 que prohíbe al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) intervenir en la fijación de precios y en la regulación de volúmenes de producción, una medida que agrava la desregulación iniciada con el DNU 70/2023 y promete alterar el mapa productivo y económico de la yerba mate en Misiones y Corrientes. El texto, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, ordena al organismo concentrarse en control de calidad y promoción, y lo prohíbe de dictar normas que distorsionen el libre juego de la oferta y la demanda. La norma genera reacciones enfrentadas: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida como el fin de “regulaciones de precios y cantidades” y llamo al INYM a asemejarse al modelo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para potenciar la competitividad y la exportación. Por el otro lado, productores y referentes cooperativos alertan sobre riesgos inmediatos para la supervivencia de miles de pequeños productores, la estabilidad laboral de tareferos y la sustentabilidad agronómica de los yerbales.
Impacto económico y riesgo de concentración
Productores y exdirectivos del organismo advierten que la apertura total puede precipitar una caída en los ingresos de los 12.500 productores familiares que dependen de la materia prima y provocar mayor concentración industrial. Jonas Petterson, productor de Andresito y exdirector del INYM, definió el decreto como “el certificado de defunción de 12.500 pequeños productores yerbateros”. Petterson expresó que ya emergen señales preocupantes: cheques sin fondo, cierre de algunas industrias y potenciación de prácticas comerciales que favorecen a empresas con mayor poder de negociación. Esa dinámica puede aumentar la volatilidad de precios y reducir la capacidad de productores chicos para negociar condiciones equitativas. En términos fiscales, el INYM mantiene su financiación a través de la estampilla por kilo de yerba mate, fijada en 25 pesos y sin actualización desde la gestión anterior. El Gobierno anunció que no aprobara nuevos aumentos de esa tasa, y el ministro Sturzenegger manifestó en ocasiones previas su intención de eliminarla, aunque para hacerlo requerirá intervención legislativa.