Discapacidad: el Gobierno intenta apartar a un juez que debe fallar sobre el decreto que vetó la Ley de Emergencia

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, respondió al planteo de recusación presentado por el Procurador del Tesoro Nacional en representación del Estado en la causa donde se analiza el impacto del Decreto 681/2025, que modificó el esquema de financiamiento de la Ley 27.793 en materia de discapacidad. En un informe dirigido a la Cámara Federal de San Martín, el magistrado rechazó uno por uno los argumentos del Gobierno y sostuvo que no existió prejuzgamiento en ninguna de sus decisiones. El Estado había acusado al juez de haber adelantado opinión en una resolución del 5 de noviembre pasado al considerar como hecho base del caso la vigencia del decreto cuestionado, evaluar la existencia de daños y ampliar el colectivo involucrado. El magistrado defendió su actuación: señaló que sus afirmaciones fueron “constataciones fácticas necesarias” para determinar la procedencia del amparo colectivo y para resolver excepciones procesales, no valoraciones anticipadas sobre la validez del decreto. Uno de los puntos más discutidos fue el reconocimiento del Decreto 681/25 como el “hecho único” que motivó la acción. El Estado cuestionó que se diera por sentado que la norma suspendía la ejecución de la ley. Pero el juez replicó que solo se trató de identificar el elemento fáctico común exigido por la Corte en el precedente Halabi: “La afirmación fue una constatación de la base fáctica homogénea necesaria para dar curso al amparo colectivo”. Aclaró que esa caracterización no implica pronunciarse sobre la legalidad del decreto ni sobre los argumentos de fondo del Gobierno. Finalmente, el magistrado concluyó que no existe motivo alguno para temer falta de imparcialidad, rechazó la recusación y ordenó remitir el incidente a la Cámara Federal de San Martín, tal como prevé el artículo 26 del CPCCN, para que se designe un juez que intervenga exclusivamente hasta que se resuelva.