El 88% de las familias con personas con discapacidad está endeudado

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el colectivo de las personas con discapacidad se convirtió en uno de los blancos más claros y sostenidos del ajuste. La puesta en marcha de supuestas auditorías masivas sobre miles de pensiones, los recortes a las prestaciones y tratamientos, las demoras en la entrega de medicamentos, y un discurso oficial violento que redefine los derechos como “gastos”, a sus titulares como “privilegiados” y a sus vidas como extinguibles y sin valor, fueron algunos de los gestos métricamente orquestados por el ejecutivo. Todo este escenario de violencia material y simbólica se complementa con el incumplimiento sistemático de la Ley de Emergencia en Discapacidad que inauguró esta semana un nuevo paso a partir del debate en el Congreso de la Nación de un Presupuesto 2026 que directamente estipula derogar la norma, incluso después de haber sido, tras el veto presidencial, reaprobada por diputados y senadores con más de dos tercios de los votos. En ese contexto, en el Informe de la Encuesta Federal sobre Discapacidad y Endeudamiento, se observa con claridad que el ajuste y la baja en el poder adquisitivo tiene como consecuencia el endeudamiento, pero también el deterioro de la salud física y mental, con la imposibilidad de proyectar y con más sobrecarga para quienes cuidan. El relevamiento fue realizado sobre 214 hogares de la Ciudad de Buenos Aires y Cordoba, mayormente, y otras provincias como Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Corrientes, Tierra del Fuego, San Luis, Salta, Misiones, Mendoza, Chubut y Catamarca. Los resultados muestran un dato contundente: el 88% de las familias con personas con discapacidad está endeudado. Y no hablamos de créditos para financiar proyectos grandes como una vivienda, un vehículo, bienes de consumo durable o computadoras, sino de deudas contraídas para sostener lo básico. Al desagregar los datos el texto indica que el 41% se endeudó para comprar alimentos, el 33% para pagar tarjetas de crédito y casi un 30% para refinanciar deudas previas o comprar medicamentos. La deuda deja de ser una elección y se convierte en una imposición para garantizar la subsistencia.