El sector empresarial advierte sobre la situación del transporte: “El 90 por ciento de las empresas de colectivos en AMBA están al borde del colapso”
La Provincia de Buenos Aires anunció un nuevo régimen de compensaciones para mantener al pie al transporte, aunque señalan los efectos de la ausencia nacional. El 90 por ciento de las empresas de colectivos en AMBA están al borde del colapso”. Con esa advertencia, lapidaria y sin vueltas, desde el sector empresarial que nuclea la Cámara del Transporte resumieron la gravedad del momento que atraviesa el sistema de transporte automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En un contexto de ahogo financiero y tras largos meses de paros, reclamos y tensiones acumuladas, el Gobierno bonaerense anunció la creación de un nuevo régimen de compensaciones económicas. La decisión, publicada el último lunes en el Boletín Oficial, apunta a amortiguar los efectos del retiro del Estado nacional del esquema de subsidios que tradicionalmente sostenía a este servicio esencial, según informaron. El nuevo programa, ideado como una respuesta a la deserción de la administración de Javier Milei en el financiamiento del transporte público, se plantea como una medida de carácter excepcional. Su objetivo es evitar el colapso del sistema en territorio provincial. Lejos de ser una solución definitiva, el anuncio intenta garantizar cierta estabilidad y continuidad en el servicio de colectivos que conecta a millones de personas a diario. La resolución firmada por el Ejecutivo bonaerense habilita al Ministerio de Transporte de la provincia, que conduce Martín Marinucci, a definir los parámetros de funcionamiento del nuevo esquema. Entre sus facultades se incluye la potestad de determinar qué prestadores podrán acceder a los fondos, bajo qué condiciones y mediante qué mecanismos de control. La medida alcanza a los servicios que operan dentro de la jurisdicción provincial del AMBA, aunque se aclara que el universo de beneficiarios podría ampliarse. Desde la cartera provincial remarcan que este plan no supone la creación de derechos adquiridos ni garantías permanentes. Su implementación está condicionada por la disponibilidad presupuestaria y será revisada periódicamente. Pero lo cierto es que, en una coyuntura crítica para el sector, el anuncio funciona como un salvavidas para las empresas, o como una señal política en medio del silencio de Nación, según manifestaron.