En el último año unos 100 niños, niñas y adolescentes institucionalizados han sido restituidos en sus derechos: más del 50% regresó a su hogar

Las intervenciones para restituir los derechos que fueron vulnerados y las capacitaciones sobre las normativas que apuntan a garantizar el cumplimiento de los derechos fueron ejes de trabajo de la Defensora Provincial de los Derechos de los Niños y Adolescentes en el último año.

En tal sentido, la titular del organismo provincial, Rossana Franco, señaló a Noticias y Canal 2 que “el 2025 fue el año de la Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes y la Lucha contra la Violencia, donde se lanzaron programas de capacitación y se reafirmó el compromiso con la niñez, bajo marcos legales como la Ley Provincial II-N°41 y la Ley Nacional 26.061, buscando implementar un sistema de protección integral basado en la Convención sobre los Derechos del Niño” resaltó.

A su vez, agregó que otra tarea destacada se dio con el Sistema de Acogimiento Familiar Alternativo, “en este sentido, podemos decir que cumplimos con los objetivos con el trabajo que se ha hecho entre 2023 y 2025, a raíz de que, según nuestras estadísticas, el acogimiento temporal se dio entre tres y cinco meses para que pueda salir una medida de protección.

Hubo más de 25 acogimiento familiares, de los cuales en el 74 por ciento se dio entre los cero y tres años haciendo foco en que uno de los derechos fundamentales es de vivir en familia. Por otro lado, en el 53 por ciento de los casos, la medida se dio para una guarda con fines adoptivos, y el 47 por ciento restante ha podido volver a su familia de origen, que puede ser una familia ampliada, es decir una tía o una abuela”, especificó.

En referencia al Registro Único de Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados (RUNNAI), la defensora Franco destacó que “durante el último año, 100 niños, niñas y adolescentes han sido restituidos en sus derechos, donde más del 50 por ciento han vuelto a su familia de origen o familia ampliada.

Por otro lado, se ha dado un porcentaje de niños, niñas y adolescentes, de casi un 25 por ciento, que han sido dados a guarda con fines adoptivos, y un porcentaje que ha cumplido la mayoría de edad, a quienes se ha hecho un acompañamiento con el PAE”.