La represión de las protestas sociales se duplicó en el segundo año de gobierno de Javier Milei
En 34 de las 79 movilizaciones monitoreadas en 2025 se produjeron episodios represivos de las fuerzas policiales y de seguridad, un 43% del total, superando los hechos de 2024 cuando se reprimió en 17 de las 60 movilizaciones monitoreadas, un 28% del total.
Esto significa que en 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones con represión respecto al año previo, según el documento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). En su tercer informe especial, la CPM expone un preocupante incremento en la represión a las manifestaciones públicas durante el segundo año de gobierno de Javier Milei.
Desde la implementación de la resolución 943/2023, conocida como el "protocolo antipiquetes", se ha evidenciado una política sistemática y selectiva de represión que busca limitar el derecho a la protesta y la expresión pública.
Cifras alarmantes
Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, la CPM monitoreó 139 movilizaciones, de las cuales 51 (37%) fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. En 2024, se registraron 17 manifestaciones reprimidas, mientras que en 2025 esta cifra se duplicó, alcanzando 34 movilizaciones con episodios represivos.
Además, el número de personas heridas aumentó un 13% de un año a otro, pasando de 1.216 en 2024 a 1.369 en 2025. En las movilizaciones convocadas por organizaciones de jubilados y jubiladas se registró entre las personas heridas a grupos especialmente vulnerables como adultos mayores, al menos 155 casos que casi cuadriplicaron los 42 del año 2024.
Por otro lado, padecieron lesiones 5 niños y jóvenes de 4, 8, 13, 14 y 16 años, todos afectados por gas spray irritante, mientras habían sido cuatro en 2024. Entre los afectados, se destacan 184 trabajadores de prensa, cifra que duplicó los 98 casos registrados el año anterior.
El informe denuncia un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad en las manifestaciones, con una relación de hasta siete policías por manifestante en algunos casos. En 85% de las movilizaciones monitoreadas en 2025, se registró la portación de armas letales, a pesar de estar prohibidas en estos contextos.