Abel Furlán de la UOM anunció el inicio de “un plan de lucha frontal” contra la reforma laboral
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, anunció el comienzo de un plan de lucha contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, al que calificó como un mandato de las multinacionales, en el marco de la conformación de un nuevo espacio sindical de confrontación.
“Definimos un plan de lucha para oponernos a la reforma laboral que plantea el Gobierno como mandato de las multinacionales. Es el inicio de un grupo de más de 50 organizaciones sindicales para dar pelea, disputa y confrontación a aquellos gobernadores que intentan negociar a espaldas de los trabajadores los intereses de sus provincias”, expuso el dirigente gremial de los metalúrgicos después de una reunión realizada en la sede del gremio que representa.
Estas declaraciones se enmarcan en la conformación de un nuevo espacio sindical, el Frente de Sindicatos Unidos, que reúne a más de 50 organizaciones de la CGT y las dos CTA, incluyendo la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Aceitera (Ftciodyara) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), entre otras.
La primera reunión de coordinación se llevó a cabo en la UOM, con participación de dirigentes como Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) Daniel Yofra (Aceiteros), Edgardo Llano (APA), el Capitán Mariano Moreno (Centro de Patrones) y Hugo Yasky (CTA-T), entre otros.
El plan de lucha federal incluye movilizaciones en las provincias para presionar a los gobernadores a rechazar el proyecto, denunciando negociaciones a cambio de fondos como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o coparticipables, según consignó la agencia Mundo Gremial.
La hoja de ruta contempla una masiva movilización en Córdoba este jueves 5 de febrero y otra en Rosario el martes 10 de febrero. El punto culminante será un paro general con movilización al Congreso el miércoles 11 de febrero, fecha prevista para el debate en el Senado.
El nuevo frente considera la reforma laboral como una «línea roja» y rechaza cualquier modificación parcial de sus 136 artículos, argumentando que mantiene elementos perjudiciales para los trabajadores.