2026-02-13

Ley Penal Juvenil: los principales cambios del proyecto que ahora debatirá el Senado

El proyecto forma parte de la agenda prioritaria del Gobierno y reabre un debate histórico en torno a la edad de punibilidad y el abordaje penal de los delitos cometidos por menores.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Ley Penal Juvenil promovido por el oficialismo, una iniciativa que introduce cambios profundos en el régimen de responsabilidad penal para adolescentes. La propuesta fue aprobada en general y ahora deberá ser debatida por el Senado, donde aún no tiene sanción definitiva.

Los principales puntos del proyecto

Baja de la edad de punibilidad
La iniciativa reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años, permitiendo que adolescentes sean penalmente responsables en casos de delitos graves.

Pena máxima de prisión
Establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión, sin contemplar condenas perpetuas, para delitos como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.

Sanciones alternativas
Para delitos con penas menores a los 10 años, el texto prevé medidas no privativas de la libertad, entre ellas amonestaciones, servicio comunitario, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de circulación y prohibición de acercamiento a la víctima.

Centros de detención especializados
El proyecto contempla institutos exclusivos para adolescentes, con personal capacitado en infancia y adolescencia, acceso garantizado a educación, atención médica y tratamientos por adicciones, y la prohibición expresa de convivencia con detenidos adultos.

Mediación y probation
Se habilita la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba en infracciones leves, con consentimiento de la víctima y participación obligatoria de todas las partes.

Derechos de las víctimas
El régimen reconoce a las víctimas dentro del proceso penal juvenil, garantizando información, participación, patrocinio jurídico y asistencia psicológica.

Financiamiento
El texto incorpora un esquema de financiamiento por $23.739.155.303, distribuido entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, punto clave para destrabar el acompañamiento de las provincias.

Con la media sanción obtenida, el proyecto inicia ahora su tratamiento en el Senado, donde se espera un debate intenso y posibles modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva.

Te puede interesar