La CGT insiste en suspender artículos clave de la reforma laboral y apela fallo judicial
La Confederación General del Trabajo (CGT) reiteró su pedido para que se suspenda un tramo de la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Nación, específicamente los artículos que establecen el traspaso de la justicia nacional del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y la eliminación de una parte de su estructura.
La central sindical apeló el fallo del juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien la semana pasada rechazó dictar una medida cautelar para frenar la aplicación de los artículos cuestionados. Con la apelación presentada, el expediente quedará ahora en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La CGT había promovido un amparo contra los artículos 90 y 91 de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei. Según el planteo sindical, esas disposiciones contemplan la disolución de una parte del fuero laboral nacional —30 juzgados actualmente vacantes y una sala de la Cámara— y el traspaso del resto de los tribunales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
En su presentación judicial, la organización solicitó que se declare la inconstitucionalidad de esos artículos y que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, se suspenda su aplicación mediante una medida cautelar. Sin embargo, el juez Lavié Pico rechazó ese pedido al considerar que la suspensión solicitada implicaría adelantar una decisión sobre la cuestión de fondo.
Mientras tanto, el magistrado dispuso que el gobierno nacional presente un informe sobre la demanda. La respuesta será elaborada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.
En la apelación, la CGT sostuvo que el traspaso de la justicia laboral nacional “posee una evidente gravedad institucional que compromete la independencia del Poder Judicial y derechos de especial tutela constitucional como son los de empleados y funcionarios de los Tribunales Nacionales del Trabajo”.
Asimismo, los abogados de la central cuestionaron el criterio del juez al equiparar la medida cautelar con un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad. “La demanda persigue la declaración de nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 de la ley 27.802 y del Convenio de Transferencia. La cautelar, en cambio, busca únicamente la suspensión provisional de sus efectos hasta que se dicte sentencia definitiva”, señalaron.
También advirtieron que, si no se suspende la ejecución de las normas impugnadas, una eventual sentencia favorable podría llegar demasiado tarde, cuando ya se hayan cerrado juzgados, redistribuido causas y reubicado personal judicial, generando consecuencias institucionales y laborales difíciles de revertir.