Chile frena la regularización de 182.000 migrantes y endurece su política migratoria

El gobierno de José Antonio Kast decidió frenar la regularización de 182.000 migrantes en Chile, un proceso que había sido impulsado por la administración anterior de Gabriel Boric. La decisión marca un giro en la política migratoria del país y anticipa un endurecimiento de las medidas contra el ingreso irregular.

Según informaron fuentes oficiales, el decreto que permitiría regularizar a quienes participaron del empadronamiento de migrantes no será aplicado. “No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, afirmó el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.

El proceso había sido impulsado de forma voluntaria por la gestión anterior con el objetivo de identificar a personas que ingresaron por pasos no habilitados. Sin embargo, desde el actual gobierno argumentaron que parte de ese universo presenta antecedentes delictivos: “Afortunadamente el decreto no se llevó a cabo porque hoy día nos hemos enterado que 6.000 personas de las 182.000 ya cometieron un delito”, sostuvo Sauerbaum.

Kast, quien asumió la presidencia el 11 de marzo, había anticipado durante su campaña una política de “mano dura” frente a la migración irregular, vinculando el fenómeno con el crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado.

En ese contexto, el mandatario anunció que enviará al Congreso dos proyectos de ley: uno para sancionar a quienes faciliten el ingreso ilegal al país y otro que tipificará como delito el acceso irregular al territorio chileno.

Además, el gobierno prevé reforzar los controles fronterizos, especialmente en el norte del país. A pocos días de asumir, Kast visitó la región de Arica y ordenó acelerar la construcción de barreras físicas, junto con el despliegue de militares y el uso de tecnología como drones, cámaras y sensores.

De acuerdo a cifras oficiales, en Chile residen cerca de 337.000 migrantes en situación irregular, en su mayoría de origen venezolano. Kast incluso planteó la posibilidad de avanzar en expulsiones, aunque descartó realizar redadas masivas.

La medida generó preocupación entre las comunidades migrantes. “Toda esta situación genera muchísima incertidumbre”, expresó una ciudadana venezolana consultada, al advertir que el freno a la regularización deja en una situación más vulnerable a quienes ya habían iniciado trámites.

Pese al endurecimiento del discurso, Chile mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región, con 5,4 cada 100.000 habitantes en 2025.

La decisión del gobierno abre un nuevo escenario político y social en el país, con un fuerte debate sobre seguridad, migración y derechos humanos.