Adorni: la oposición pide informes a la Oficina Anticorrupción
Los diputados del interbloque Unidos, Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones y aporte información sobre la situación patrimonial del Jefe de Gabinete.
Esto se suma a la catarata de preguntas que el funcionario recibió y que deberá responder en el recinto de la Cámara Baja el 29 de abril, cuando presente su primer informe de gestión ante el Congreso, además de las denuncias penales. Pese a los intentos por parte de La Libertad Avanza de desviar el foco de atención, la oposición se las ingenia para mantener en pie al Adorni-Gate.
Además de las denuncias penales que hicieron los diputados de Unidos y la exlibertaria Marcela Pagano, ayer venció el plazo que tenían los diputados para enviarle preguntas al ministro coordinador.
A fines de abril, Adorni se verá cara a cara con los 257 diputados, en el marco de la presentación del informe de gestión. Los tres diputados sumaron ayer un pedido de informes al Ejecutivo. En concreto, redactaron 29 preguntas que apuntan sobre todo al rol que ha tenido la Oficina Anticorrupción en torno a la evolución patrimonial de Adorni.
Entre las consultas que incluye el pedido de informes se consulta si la Oficina Anticorrupción ha iniciado algún procedimiento de verificación o control sobre la evolución patrimonial del funcionario desde su asunción en funciones públicas.
Además, consultan si se detectaron posibles inconsistencias entre los activos declarados, los pasivos informados y la evolución patrimonial registrada en las declaraciones juradas presentadas.
Por otra parte, se busca conocer si Adorni declaró ante los organismos correspondientes bienes registrables, inversiones o activos que integren el patrimonio del cónyuge o del grupo familiar conviviente así como también si existen bienes registrables, propiedades, sociedades, participaciones empresariales o activos financieros vinculados al cónyuge o al grupo familiar del funcionario que deban ser considerados a efectos de evaluar su situación patrimonial integral.