Las fuerzas federales continuarán interviniendo: la Justicia convalidó el protocolo antipiquetes

El Gobierno recibió un espaldarazo para continuar con su política de represión de la protesta social.

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo declaró la validez del llamado protocolo antipiquetes, implementado por Patricia Bullrich y continuado por su sucesora en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Los integrantes de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sergio Fernández y Jorge Morán, dejaron sin efecto el fallo del juez Martín Cormick que, en diciembre pasado, había declarado la nulidad de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad.

Cormick había entendido que Bullrich, al momento de dictar el protocolo, se había excedido en sus competencias: no era solo una orden a las fuerzas de seguridad federales que de ella dependían, sino también una intromisión en las atribuciones propias del Congreso.

“Los suscriptos no advierten que el denominado ‘Protocolo de Seguridad’ constituya una reglamentación que colisione con derechos constitucionales y/o normas supranacionales, sino que resulta una limitación legítima en tanto no existen derechos absolutos”, escribieron los camaristas.

Por el contrario, Morán y Fernández ponderaron el derecho a la libre circulación y consideraron que “la resolución recurrida tiende a proteger el derecho a transitar libremente por el territorio, sin que sus alcances restrinjan de manera ilegítima los demás derechos involucrados”.