Escándalo por créditos del Banco Nación a funcionarios libertarios
A la serie de controversias que atraviesa el gobierno de Javier Milei se suma ahora el otorgamiento de créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios, legisladores y referentes libertarios. Entre los casos más destacados aparece el del diputado Alejandro Bongiovanni, quien en enero de 2026 accedió a un préstamo de 255 millones de pesos.
Hijo de uno de los fundadores de la Fundación Libertad, Bongiovanni presidió ese espacio y llegó a la Cámara de Diputados en 2023 por el PRO, para luego incorporarse al bloque de La Libertad Avanza. Durante su actividad legislativa impulsó iniciativas alineadas con el oficialismo, como la modificación de la ley de glaciares al sostener que “no existe en ningún lugar del mundo una prohibición total sobre la actividad en zonas periglaciares”, así como también la baja de la edad de imputabilidad.
Su cercanía con la línea política del Gobierno se refleja también en su inclusión dentro del listado de dirigentes libertarios que accedieron a créditos de la banca estatal.
En esa nómina también figura Federico Furiase, secretario de Finanzas y colaborador del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, quien obtuvo un crédito de 367 millones de pesos en febrero de 2025. El funcionario sostuvo recientemente que “no creo que la gente esté peor. A mucha gente le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo”.
Otro de los beneficiados es Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor económico, quien accedió a un préstamo de 475 millones de pesos. También aparece Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe” y funcionario del área de Presidencia, con un crédito de 112 millones.
La lista se completa con el diputado Santiago Santurio, que recibió 340 millones de pesos; el radical Mariano Campero, con 322 millones; y la diputada Lorena Villaverde, quien accedió a un crédito cercano a los 225 millones.
El otorgamiento de estos préstamos generó cuestionamientos en distintos sectores políticos, especialmente por la contradicción con el discurso oficial que critica la intervención del Estado. En un contexto de ajuste económico y dificultades para el acceso al crédito por parte de la población, el caso reavivó el debate sobre el rol de la banca pública.
Además, la difusión de estos listados abrió interrogantes sobre los criterios de asignación y la oportunidad de los créditos, mientras crecen los reclamos por mayor transparencia en el uso de recursos estatales.