El Gobierno va a la Corte para no pagar a universidades y crece el conflicto
Al límite del plazo legal para transferir $2,5 billones a las universidades nacionales, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objetivo de evitar el pago y dejar sin efecto el fallo judicial que lo obligaba a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro luego de que el Ejecutivo perdiera en dos instancias judiciales. En paralelo, también impulsó un recurso “per saltum” ante el máximo tribunal para reactivar artículos de la Reforma laboral suspendidos por la Justicia.
Desde la Casa Rosada sostienen que la decisión judicial “invade competencias propias del Congreso y del Ejecutivo”, ya que “altera el régimen presupuestario vigente, al ordenar gastos sin financiamiento previsto” y pone en riesgo el equilibrio fiscal.
El conflicto tiene como antecedente el veto del presidente Javier Milei a la ley que buscaba recomponer salarios y gastos de funcionamiento de las universidades. Tras la ratificación de la norma por parte del Congreso, el oficialismo intentó derogarla en el Presupuesto 2026, pero no logró avanzar.
En el Ministerio de Justicia fueron contundentes: no habrá pago hasta que se expida la Corte. “Si tenemos que pagar habrá que recortar de otro lado, porque en un gobierno de Javier Milei el déficit no está permitido y el superávit no se negocia”, señalaron.
El recurso oficial argumenta que la ley no especifica partidas presupuestarias y que su implementación implicaría un gasto equivalente a más del 90% de los créditos disponibles para gastos primarios. Por eso, advierte sobre una supuesta “gravedad institucional” y un “riesgo para la sostenibilidad fiscal”.
Además, el Ejecutivo pidió que la medida tenga efecto suspensivo para frenar la aplicación de la cautelar vigente y también cuestionó la imparcialidad de algunos jueces, señalando que son docentes universitarios y podrían verse beneficiados por la ley.
Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario adelantó que avanzará con una movilización masiva similar a la de abril de 2024, cuando cerca de 450 mil personas se manifestaron en todo el país en defensa de la educación pública.
En este escenario, la Corte Suprema queda en el centro de una disputa clave que combina tensión política, conflicto presupuestario y presión social, con impacto directo en el sistema universitario.