Denuncian “vaciamiento” en Vialidad: alertan que peligran 785 puestos de trabajo
La Federación del Personal de Vialidad Nacional denunció un presunto proceso de “vaciamiento” en la Dirección Nacional de Vialidad y alertó que 785 puestos de trabajo podrían quedar en riesgo tras la implementación del decreto 253/2026.
Según el informe elaborado por el gremio, la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei delega en nueve provincias la facultad de licitar obras viales mediante concesiones con peaje, lo que representaría —según sostienen— “el mayor proceso de vaciamiento desde la década del 90”.
El documento, titulado “El desmantelamiento encubierto de la Dirección Nacional de Vialidad”, advierte que la cesión de competencias a distritos como Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz implica un cambio estructural en el modelo de gestión de la infraestructura vial.
Desde la federación señalan que, bajo el argumento de un “federalismo cooperativo”, se avanza en la transferencia de tramos de rutas nacionales al sector privado, con financiamiento público pero sin un control técnico efectivo del Estado. En ese sentido, advierten que el organismo podría quedar reducido a una “cáscara institucional”, con funciones limitadas a supervisión y auditoría.
Uno de los puntos más críticos del informe es el impacto laboral. Según detallan, el decreto no contempla mecanismos de protección para los trabajadores ni establece acuerdos de continuidad con las futuras concesionarias. “De los trabajadores que hoy mantienen esas rutas, no hay ninguna garantía”, remarcaron.
Además, cuestionaron que la medida se haya implementado sin instancias de consulta con los sindicatos, lo que —afirman— vulnera principios de negociación colectiva y derechos laborales.
El informe también advierte sobre posibles consecuencias operativas. Entre ellas, la fragmentación de rutas emblemáticas como la Ruta Nacional 40, que quedaría bajo distintas jurisdicciones provinciales, con potenciales diferencias en tarifas, estándares técnicos y mantenimiento.
En paralelo, sostienen que gran parte de los tramos transferidos no cuentan con el volumen de tránsito suficiente para sostener un esquema de concesión por peaje, lo que podría derivar en abandono o en la necesidad de subsidios estatales.
Desde el sector gremial concluyen que la medida configura un proceso gradual de reducción del rol estatal en la infraestructura vial, con riesgos tanto para el empleo como para la gestión integral de la red de rutas nacionales.