El Gobierno instalará tecnología de bloqueo de celulares en cárceles federales
El Gobierno Nacional avanzó con una nueva medida de seguridad en el sistema penitenciario al autorizar la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos de detección y bloqueo de teléfonos celulares en cárceles federales. La iniciativa, oficializada mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad, apunta a limitar la capacidad operativa de organizaciones criminales que continúan coordinando delitos desde el interior de los penales.
Estos dispositivos permiten identificar y bloquear señales a través de los códigos IMEI e IMSI, claves únicas asociadas a cada equipo y línea móvil. En ese sentido, desde la cartera de Seguridad remarcaron que “resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”.
La resolución también subraya la necesidad de reforzar los controles dentro de las unidades penitenciarias: “lo que exige reforzar las estrategias institucionales destinadas a prevenir, disuadir y neutralizar tales conductas intramuros vinculadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones que pongan en riesgo la seguridad pública”.
Como parte de la implementación, el Gobierno instruyó a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información —dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa— a llevar adelante los procesos de adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de los sistemas. Además, se deberán realizar “todos los ajustes técnicos tendientes a evitar que se afecten las áreas exteriores al sitio en el que se instalen”.
La medida también incluye la aprobación de un Manual de Procedimiento específico para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en establecimientos penitenciarios federales, que establece el marco operativo para la utilización de esta tecnología en todo el país.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el objetivo central es “reducir la capacidad de acción de organizaciones criminales que buscan seguir operando desde el encierro”, cortando uno de los principales canales de comunicación utilizados para sostener actividades ilícitas.
El avance de esta política se da en un contexto donde jueces y fiscales vienen advirtiendo sobre el uso extendido de teléfonos celulares dentro de las cárceles. En múltiples investigaciones judiciales se detectó que internos, incluso condenados por delitos graves, continúan dirigiendo bandas criminales desde sus celdas mediante llamadas, videollamadas y aplicaciones de mensajería.
En ese marco, distintos funcionarios judiciales habían reclamado medidas urgentes. En uno de los casos más resonantes, se advirtió que el uso de celulares en contextos penitenciarios se convirtió en una herramienta “imprescindible y esencial” para que detenidos continúen con sus actividades delictivas. Incluso se describió una dinámica de “mando remoto”, donde los líderes criminales coordinan operaciones en tiempo real desde prisión.
La implementación de bloqueadores busca precisamente cortar ese circuito, considerado uno de los principales puntos débiles del sistema penitenciario. No obstante, el desafío técnico radica en garantizar que estos sistemas no interfieran con las comunicaciones legítimas fuera de los establecimientos, un aspecto que la resolución contempla de manera explícita.
Con esta decisión, el Gobierno refuerza su estrategia de control intramuros, en un intento por recuperar la capacidad del Estado de limitar la acción delictiva dentro de las cárceles y evitar que el encierro se transforme en un centro de operaciones criminales.