La Justicia frenó la eliminación del plan Volver al Trabajo y obliga al Gobierno a seguir pagando el subsidio
La Justicia federal dispuso frenar la eliminación del programa Volver al Trabajo, una de las principales políticas sociales que el Gobierno nacional buscaba reemplazar por un sistema de vouchers de capacitación. La decisión fue tomada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien aceptó una medida cautelar impulsada por un grupo de beneficiarios del plan.
En su resolución, el magistrado ordenó al Estado Nacional que “mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva”. Además, advirtió que podrían aplicarse multas en caso de incumplimiento.
El fallo representa un revés para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien había impulsado la eliminación del programa para avanzar con un nuevo esquema basado en capacitaciones sin ingreso mensual directo.
La medida judicial responde a un amparo colectivo presentado por beneficiarios que dependen del programa como principal fuente de ingresos. Los demandantes argumentaron que la eliminación del plan “constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales e inconstitucionalidad por omisión”.
Según expusieron, se trata de trabajadores de la economía popular —como cartoneros, personal de comedores y centros comunitarios— en situación de alta vulnerabilidad y sin inserción formal en el mercado laboral.
En ese marco, el juez remarcó la obligación del Estado de garantizar el acceso a derechos básicos, especialmente en contextos de vulnerabilidad, y citó estándares internacionales como las “100 Reglas de Brasilia” sobre acceso a la Justicia.
El programa Volver al Trabajo, que reemplazó al Potenciar Trabajo, alcanza a cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país, quienes perciben actualmente $78.000 mensuales. Su eliminación había generado protestas de organizaciones sociales, con cortes y movilizaciones en distintos puntos del país.
El Gobierno había anunciado su reemplazo por el programa “Formando Capital Humano”, orientado a la capacitación laboral mediante vouchers, pero sin contemplar pagos mensuales.
Con esta decisión judicial, la transición queda en suspenso y el Ejecutivo deberá mantener la asistencia económica al menos hasta que se resuelva el fondo de la causa.
La medida cautelar no implica una continuidad definitiva del programa, pero sí garantiza su vigencia temporal. El Gobierno deberá redefinir su estrategia en materia de asistencia social, mientras la Justicia analiza si la eliminación del plan vulnera derechos constitucionales.