Mendoza denuncia a 28 padres por no vacunar a sus hijos y destapa un escándalo por certificados falsos
El Ministerio de Salud de Mendoza denunció a 28 padres que se negaron a vacunar a sus hijos con las dosis obligatorias del calendario nacional, en una medida inédita en el país que busca reforzar la cobertura sanitaria. Según informaron fuentes oficiales, una decena de ellos finalmente dio marcha atrás y autorizó la inmunización.
El proceso comenzó a fines del año pasado, respaldado por la Resolución 2572 (agosto de 2025), que habilita la intervención de la Justicia contravencional en estos casos. El procedimiento contempla la citación formal de los padres a una audiencia con equipos sanitarios, donde se les explican los riesgos de no vacunar. Luego, cuentan con un plazo de 30 días para cumplir; de lo contrario, se da intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y a la autoridad judicial.
Desde la cartera sanitaria sostienen que la medida apunta a revertir la baja en las tasas de vacunación y el resurgimiento de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa.
Pero el conflicto escaló aún más tras la detección de una maniobra fraudulenta vinculada a padres antivacunas. En un centro de salud de El Pastal, en Las Heras, un enfermero ofrecía certificados de vacunación falsos a cambio de dinero.
La irregularidad fue descubierta por un pediatra de San Rafael, quien detectó inconsistencias en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA). Niños de familias conocidas por rechazar vacunas figuraban con esquemas completos aplicados en un mismo centro de salud ubicado a más de 300 kilómetros de sus domicilios.
La investigación reveló un mecanismo organizado: mediante un contacto por WhatsApp bajo la clave “Plan V”, las familias accedían a certificados falsificados. Según se investiga, se pagaban alrededor de $160.000 por carnet y $60.000 por cada dosis asentada sin haber sido aplicada, pese a que las vacunas son gratuitas en el sistema público.
El caso derivó en una causa judicial a cargo del fiscal Juan Manuel Ticheli, que investiga posibles delitos de cohecho y violación de normas sanitarias. Hasta el momento se realizaron seis allanamientos, con el secuestro de más de 160 certificados, sellos oficiales, documentación médica y dispositivos electrónicos.
Aunque no hay detenidos, el enfermero implicado ya fue identificado y enfrenta una investigación administrativa que podría derivar en su despido. Además, no se descarta la participación de otras personas ni la existencia de familias involucradas de otras provincias.