El Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta de vapeadores y productos de nicotina
El Gobierno nacional puso fin a la prohibición vigente sobre productos de nicotina como vapeadores, bolsitas y tabaco calentado, y avanzó con un nuevo esquema regulatorio para su producción, importación y venta en el país.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 2543/2026 de la ANMAT y la Resolución 549/2026, ambas publicadas en el Boletín Oficial. Según se argumentó, las restricciones anteriores resultaron ineficaces y favorecieron el crecimiento del comercio ilegal.
En este contexto, las autoridades definieron implementar un modelo de gestión de riesgos que implica “transitar desde un esquema centrado en la prohibición hacia un régimen de control sanitario estricto”, con el objetivo de informar a la población sobre el “riesgo relativo” de estos productos en comparación con el cigarrillo tradicional.
La nueva normativa busca ordenar el mercado mediante la exigencia de estándares de calidad tanto para fabricantes como para comercializadores. Además, pone el foco en la protección de menores, considerados uno de los principales grupos consumidores. Según datos del SEDRONAR citados en la norma, el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos alcanza una tasa de consumo del 35,5% entre estudiantes de nivel secundario.
Como parte del nuevo esquema, se creará un “Registro de Productos de Tabaco y Nicotina”, destinado a garantizar la trazabilidad y seguridad de los productos. Las categorías habilitadas incluyen dispositivos de cigarrillos electrónicos (DCE), soluciones líquidas, productos de tabaco calentado, sticks y bolsas de nicotina.
Los fabricantes e importadores deberán inscribirse en este registro y presentar certificados de calidad de origen, junto con documentación que acredite la autenticidad de los productos.
Asimismo, la normativa establece la prohibición de los cigarrillos electrónicos de un solo uso, restricciones sobre ingredientes, aditivos y saborizantes, y límites a la concentración de nicotina, además de definir una lista de componentes prohibidos.
Con estas medidas, el Gobierno busca reemplazar la prohibición por un sistema de control que regule el mercado y reduzca riesgos sanitarios.