Presentaron un amparo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares
Organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo ante la Justicia federal de La Pampa para frenar la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada recientemente en el Congreso. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 850 mil personas y busca que se dicte una medida cautelar para proteger las reservas de agua dulce.
El reclamo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace Argentina, que solicitaron suspender la implementación de la reforma en todo el territorio nacional. “Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, debe seguir vigente la Ley 26.639/2010”, señalaron.
Según las organizaciones, la modificación implica un retroceso en materia ambiental al permitir que las provincias definan qué áreas tienen valor hídrico y puedan modificar el inventario de glaciares sin criterios técnicos obligatorios. “Está comprobado que todos los glaciares y ambientes periglaciales tienen un valor hídrico por ser reservas estratégicas de agua dulce”, advirtieron.
También alertaron que la flexibilización podría habilitar actividades extractivas, como la minería, en zonas que antes estaban protegidas. “Actividades como la minería implican riesgos de contaminación y alteración física que pueden afectar de forma irreversible estas reservas”, sostuvieron, y remarcaron que los glaciares abastecen de agua a más de siete millones de argentinos.
El director ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli, afirmó: “Esta reforma viola el piso mínimo de protección ambiental que debe fijar el Congreso según lo que establece la Constitución Nacional”. Además, advirtió que la iniciativa podría afectar compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú.
El planteo judicial se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano. Las organizaciones señalaron que el proceso legislativo estuvo “viciado”, al limitar la participación ciudadana en audiencias públicas.
La elección de La Pampa como sede judicial responde a que la provincia podría verse afectada por cambios en cuencas hídricas que nacen en otras jurisdicciones. En este sentido, pidieron que se aplique el principio precautorio para evitar daños ambientales irreversibles.
Desde las organizaciones destacaron que la acción cuenta con una participación ciudadana inédita. “Es un mensaje claro: la sociedad no permitirá una reforma que ponga en riesgo las reservas de agua dulce”, afirmaron.
La causa abre un nuevo capítulo en la disputa por la protección de los glaciares, considerados recursos estratégicos frente al avance del cambio climático.