2026-05-06

San Juan: condenaron a 10 años de prisión a una familia gitana por trata y matrimonio infantil

El Tribunal Oral Federal condenó a una familia por captar, abusar y explotar a una niña de 13 años. El juez desestimó las "prácticas culturales" como justificación y otorgó una reparación de 75 millones de pesos, la más alta en la historia de la provincia.

En una sentencia sin precedentes, el juez Daniel Doffo, del Tribunal Oral Federal de San Juan, condenó a Alberto, Isabel y Franco Cristo a la pena de 10 años de prisión. Los tres fueron hallados culpables de los delitos de captación y explotación de una menor, a quien forzaron a una unión matrimonial ilegal cuando ella tenía apenas 13 años.

El caso, que conmocionó por su crueldad, comenzó en 2022 cuando los imputados "compraron" a la niña en Neuquén por la suma de 825 mil pesos. Durante dos años, la víctima fue trasladada por distintas provincias y sometida a un régimen de servidumbre, abusos sexuales y trabajo forzado. Según el expediente, era obligada a realizar venta ambulante bajo amenazas de hambre y violencia física, incluso durante sus embarazos y con climas extremos.

El límite de las prácticas culturales

Uno de los puntos más destacados del fallo fue la respuesta del Ministerio Público Fiscal ante el argumento de la defensa sobre los ritos de la comunidad gitana. El fiscal Fernando Alcaraz fue contundente: “Las prácticas culturales no pueden ser una justificación para la violación de los derechos humanos fundamentales de las infancias y las mujeres en territorio argentino”.

Un rescate de película en Caucete

El calvario de la joven terminó en abril de 2025, cuando intentaron secuestrarla nuevamente en San Juan para llevarla a Santa Fe. En una parada en Caucete, la víctima logró escapar corriendo con su hijo en brazos. Gracias a la denuncia de un testigo y las cámaras del CISEM, la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional interceptaron el vehículo y rescataron a la joven.

Además de la prisión, el tribunal ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos, marcando un hito en la aplicación de la ley de trata con perspectiva de género y niñez. La sentencia será comunicada de forma accesible a la comunidad involucrada para sentar precedentes sobre la ilegalidad del matrimonio infantil.

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