Denunciaron penalmente a Javier y Karina Milei por el uso “sistemático” de recursos públicos para viajes personales

El abogado de Derechos Humanos, Javier Garín, presentó ayer una nueva denuncia penal contra el presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por los delitos de “malversación de caudales públicos, peculado, incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad”.

La causa, radicada bajo el número CFP 1557/2026 en el Juzgado Federal Nº 1 de la Dra. María Romilda Servini, pone el foco en la utilización de la flota presidencial y fondos estatales para una agenda privada ajena a los intereses del Estado argentino.

Además, refuerza que para este año “se prevé duplicar los fondos presupuestados para viajes” al exterior.  “Los viajes al exterior significan considerables erogaciones que afectan al erario público y se dan de bruces con la pregonada austeridad presupuestaria que se invoca como ratio para toda clase de recortes y ajustes en perjuicio de diversos sectores de la sociedad argentina -jubilados, pacientes hospitalarios, personas con discapacidad, etcétera-”, afirma la denuncia.

En este sentido, apuntó: “Pero lo más grave, desde el punto de vista de la tipicidad, es que se trataría del sistemático desvió de fondos públicos para fines particulares”.

Las cifras del “Tour Personal”: 196 días fuera de la gestión
Según la presentación judicial, basada en datos oficiales y periodísticos, el mandatario muestra un nivel de ausentismo “inédito” en la sede de Gobierno. En poco más de dos años, “realizó 77 viajes y visitó 17 países”.

La denuncia detalla que “la mayoría de los traslados tuvieron como fin promover su figura en el exterior, dar entrevistas, recibir premios, participar en conferencias de tipo personal y llevar una agenda política sectorial” entre las facciones conocidas como ‘ultraderecha´, la participación en eventos políticos no oficiales y eventos similares, como el apoyo de campañas extranjeras como Vox en España, así como la del derrotado Victor Orban en Hungría.  

Garín sostiene que existe una “confusión inaceptable entre los intereses personales del Presidente y los del Estado”, calificando este accionar no solo como un delito penal, sino como una amenaza directa al principio republicano.

“No se puede utilizar el dinero de los argentinos para hacer campaña a favor de figuras como Viktor Orbán o asistir a convenciones ideológicas. Esto viola la Ley de Ética Pública. Mientras se recortan medicamentos a jubilados y recursos a hospitales, el Gobierno desvía fondos para beneficio propio e incluso prevé duplicar el presupuesto de viajes para este año”, afirmó el letrado.