La Corte Suprema de Brasil suspendió la ley que reducía penas a condenados por el intento de golpe contra Lula
La Corte Suprema de Brasil suspendió temporalmente este sábado la aplicación de la denominada “Ley de Dosimetría”, una norma impulsada por el Congreso que permitía reducir las penas de los condenados por los actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.
La medida cautelar fue dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del juicio que condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una trama golpista destinada a impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.
Según explicó De Moraes, la ley no podrá aplicarse hasta que el pleno del Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre las denuncias de inconstitucionalidad presentadas por partidos de izquierda, entre ellos el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Partido Rede.
El juez tomó la decisión luego de que uno de los condenados por los ataques del 8 de enero de 2023 solicitara la reducción de su pena en base a la nueva legislación, promulgada el viernes por el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre.
La ley había sido aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado y vetada posteriormente por Lula. Sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado dejaron sin efecto el veto presidencial la semana pasada. En Diputados, el rechazo al veto obtuvo 318 votos a favor y 144 en contra, mientras que en el Senado fue respaldado por 49 legisladores contra 24.
La normativa impedía la acumulación de penas por delitos de naturaleza similar y aceleraba el acceso al régimen semiabierto para los condenados. De acuerdo con especialistas, Bolsonaro podría haber abandonado el régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años.
No obstante, De Moraes consideró que las denuncias sobre la constitucionalidad de la ley constituyen “un hecho procesal nuevo y relevante” que puede influir directamente en las solicitudes presentadas por los condenados.
Los partidos opositores sostienen que la ley vulnera la Constitución al otorgar un tratamiento más leve a quienes atentaron contra el orden democrático.
Además de la suspensión de la norma, el viernes la defensa de Bolsonaro presentó una nueva apelación ante la Corte Suprema para intentar revertir la condena. Los abogados argumentaron que el expresidente debió ser juzgado por el pleno del máximo tribunal y no por una de sus salas, además de cuestionar la validez de algunos testimonios y el acceso a las pruebas reunidas durante la investigación.
También afirmaron que no existen elementos suficientes que prueben que Bolsonaro ordenó o coordinó los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes invadieron y destrozaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Actualmente inhabilitado para competir electoralmente, Bolsonaro designó a su hijo Flavio Bolsonaro como posible heredero político para las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula buscará un cuarto mandato.