Enriquecimiento ilícito: un vecino declaró que Manuel Adorni le pagó US$21.000 en efectivo por alquilar una casa en un country
La causa judicial que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo testimonio que complica la situación patrimonial del funcionario.
José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, declaró ante la Justicia que Adorni y su familia alquilaron su casa durante 18 meses y abonaron un total de 21.000 dólares en efectivo.
Según el testigo, el vínculo comenzó en octubre de 2023, cuando acordaron un alquiler inicial por dos meses a cambio de US$5.600. Posteriormente, el contrato se extendió y, más adelante, se sumó una prórroga verbal de tres meses adicionales.
De acuerdo a la declaración, Adorni solicitó continuar en la propiedad porque todavía no habían finalizado las remodelaciones de la casa que había adquirido en el mismo country.
El acuerdo adicional habría sido por US$800 mensuales durante tres meses, siempre pagados en efectivo y sin documentación formal.
La investigación judicial sostiene que el funcionario realizaba importantes obras de remodelación en la nueva propiedad. El contratista Matías Tabar ya había declarado previamente haber cobrado US$245.000 por trabajos efectuados entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Entre las mejoras mencionadas en el expediente figuran cambios de pisos, renovación de paredes y la construcción de una pileta con cascada.
La vivienda en cuestión había sido adquirida por US$120.000 y, según consta en la causa, el mismo día de la operación Adorni habría acordado un préstamo no bancario por US$100.000 con dos mujeres policías vinculadas a la escribana interviniente.
La investigación es encabezada por el fiscal Carlos Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, quienes analizan si el patrimonio y el nivel de gastos del funcionario se corresponden con sus ingresos declarados.
Hasta el momento, el expediente reconstruyó gastos vinculados a propiedades y reformas por al menos US$400.000, además de deudas superiores a US$330.000.
La Justicia continúa reuniendo testimonios y documentación para determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones investigadas.