Desde el CoProDis indican que el Gobierno nacional lleva más de seis meses de retraso en los pagos de las prestaciones por discapacidad
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis), Tatiana Antúnez indicó que el Gobierno nacional acumula más de seis meses de demora en el pago de prestaciones vinculadas a la discapacidad.
“Los montos continúan siendo los mismos, pero actualmente existen importantes retrasos en los pagos tanto a prestadores como a instituciones. Por ejemplo, dentro del programa federal Incluir Salud, hay demoras en la entrega de medicamentos, sillas de ruedas, pañales y ayudas técnicas en general, y eso es lo que termina afectando directamente a las personas”, señaló Antúnez a Noticias y Canal 2.
Asimismo, dio cuenta que la Provincia debió asumir parte de la cobertura de esas prestaciones ante la falta de respuestas nacionales. “En muchos casos las personas reciben asistencia del Ministerio de Salud provincial, pero claramente se trata de una demanda urgente. Hay situaciones en las que se necesitan medicamentos de alto costo, de hasta $5 millones o incluso más.
Como Provincia, para adquirir esa medicación debemos iniciar expedientes específicos, porque son tratamientos particulares que originalmente están contemplados dentro del programa nacional. Entonces tenemos que realizar pedidos extraordinarios para poder afrontar esas demandas que surgen de manera inmediata”, remarcó la titular del CoProDis.
Por otra parte, la funcionaria se refirió a la situación de las pensiones no contributivas por discapacidad y advirtió sobre los riesgos vinculados a las auditorías médicas. “Lo que está ocurriendo es que, a partir del ingreso de un proyecto de modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, podrían producirse cambios respecto a las pensiones.
Desde las instituciones vemos con preocupación la posibilidad de nuevas auditorías sin garantías suficientes. Dentro de la reforma se incorpora un artículo específico que establece que, en caso de no presentarse a la auditoría, la pensión puede ser suspendida o dada de baja. Entonces, observamos que esta modificación vuelve a poner en riesgo a las pensiones no contributivas”, concluyó Antúnez.