Declaración jurada de Manuel Adorni: todas las inconsistencias

De acuerdo con la información difundida tras la presentación, la declaración inicial como funcionario reflejaba bienes por unos US$24.000. Con la incorporación de los fondos ahora reconocidos, el patrimonio informado para ese mismo período se eleva a más de US$530.000.

La diferencia resulta demasiado significativa como para ser considerada un simple error administrativo. La explicación elegida por Adorni también generó ruido político. Durante una entrevista televisiva sostuvo que él y su esposa “ahorraron en negro, como la mayoría de los argentinos”, una frase que buscó contextualizar la informalidad financiera extendida en el país pero que terminó alimentando nuevas críticas.

La admisión pública de la existencia de fondos no declarados se convirtió inmediatamente en uno de los aspectos más controvertidos de su defensa. A esa situación se suma la decisión de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el propio Gobierno.

El ingreso al esquema ocurrió el mismo día en que avanzó la regularización patrimonial y pocos días después de que su esposa, Bettina Angeletti, realizara el mismo trámite. La coincidencia temporal alimentó cuestionamientos opositores sobre la utilización de una herramienta oficial para ordenar situaciones patrimoniales bajo investigación.

En los tribunales federales, la causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa abierta y apunta precisamente a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario. Entre las medidas impulsadas por la fiscalía figura el análisis de bienes, operaciones financieras y movimientos económicos para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado.