La Secretaría General de Presidencia aumentó 141% su fondo operativo y no informó en qué se gastó
La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, incrementó en un 141% el Fondo Rotatorio utilizado para afrontar gastos operativos de la Casa Rosada. Según documentación oficial relevada por la Agencia Noticias Argentinas, los recursos disponibles pasaron de $471,5 millones en 2025 a más de $1.135 millones durante 2026.
La ampliación fue establecida mediante la Resolución 35/2026, firmada por la propia secretaria general y publicada en el Boletín Oficial. La norma también autorizó gastos individuales de hasta $50 millones por operación y exceptuó de ese límite a determinados conceptos, como servicios básicos, viajes presidenciales y débitos derivados de embargos.
El Fondo Rotatorio es una herramienta administrativa destinada a cubrir gastos corrientes de manera ágil, incluyendo viáticos, servicios, bienes de consumo y otras erogaciones operativas del organismo.
A partir de un pedido de acceso a la información pública, la Secretaría General informó que al 10 de junio de 2026 existían 140 tarjetas recargables activas, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios habilitados en la plataforma "Corporativa Nación".
Entre los nombres incluidos en la nómina aparecen Karina Milei, con una tarjeta corporativa recargable asignada a la Secretaría General Privada; la vicepresidenta Victoria Villarruel, con dos tarjetas vinculadas al Fondo Rotatorio; y Eduardo "Lule" Menem, asesor cercano al oficialismo, asociado a una tarjeta dentro de la Subsecretaría de Gestión Institucional.
También figuran funcionarios de distintas áreas administrativas y de comunicación, entre ellos Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de Presidencia.
Sin embargo, la respuesta oficial no incluyó información sobre los gastos efectuados con esas tarjetas. El pedido solicitaba detalles de consumos, comercios, montos, comprobantes, facturas y expedientes administrativos relacionados con cada operación, pero esos datos no fueron entregados.
Según la investigación, tampoco se remitieron los resúmenes mensuales ni la documentación que permitiría conocer el destino de los fondos utilizados a través de estas herramientas de pago.
Uno de los puntos señalados es que el convenio firmado con el Banco Nación para la administración de las tarjetas contempla mecanismos para acceder a información detallada sobre movimientos, consumos y transferencias realizadas. Además, la plataforma utilizada por el organismo permite monitorear las operaciones y generar reportes de cada transacción.
La normativa interna de la Secretaría General también establece que los gastos efectuados mediante tarjetas corporativas deben contar con comprobantes válidos, expedientes electrónicos y rendiciones cargadas en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
No obstante, esa documentación tampoco formó parte de la respuesta oficial.
De esta manera, mientras se confirma un fuerte incremento de los fondos operativos administrados por la Secretaría General de la Presidencia, continúan sin conocerse los detalles sobre el uso de esos recursos, lo que mantiene abierto el debate sobre la transparencia y los mecanismos de control de los gastos públicos.