Polémica por el uniforme rosado: buscan que cualquier cambio en la Policía del Chaco sólo pueda hacerse por ley
La discusión por la incorporación de prendas de color rosado o magenta en la Policía del Chaco llegó a la Legislatura provincial y abrió un fuerte debate sobre la identidad institucional de la fuerza.
La diputada provincial Magda Ayala, del Interbloque Justicialista – Bloque Primero Chaco, presentó un proyecto de ley que busca establecer que cualquier modificación sustancial en uniformes, símbolos o elementos protocolares de la Policía del Chaco deba ser aprobada por la Cámara de Diputados.
La iniciativa, titulada “Protección de la identidad institucional de la Policía de la Provincia del Chaco”, apunta a preservar los colores, insignias, escudos y uniformes reglamentarios de la fuerza, estableciendo límites a los cambios dispuestos por vía administrativa.
El eje central del proyecto es que las alteraciones en la identidad visual policial no puedan depender únicamente del Poder Ejecutivo, ministerios o autoridades inferiores, sino que requieran una ley formal.
El texto ratifica a las gamas del color azul como identidad histórica de la Policía del Chaco, estableciendo que este deberá seguir siendo el tono predominante en los uniformes del personal en actividad, así como de alumnos y cadetes.
Según los fundamentos del proyecto, recientes cambios en la indumentaria de cadetes —con la incorporación de tonos rosados o magenta en reemplazo del azul tradicional— habrían motivado la presentación de la iniciativa.
La legisladora cuestiona que esas modificaciones se habrían implementado sin una consulta institucional suficiente ni una justificación técnica, operativa o reglamentaria clara, lo que abre el debate sobre los criterios utilizados para alterar la imagen de la fuerza.
El proyecto establece un procedimiento específico para cualquier cambio de este tipo: deberá contar con una fundamentación formal, un dictamen técnico de la Policía del Chaco y posteriormente ser aprobado por ley en la Legislatura provincial.
Además, incorpora el principio de consulta institucional, que obliga a requerir la opinión de la máxima autoridad policial y, cuando corresponda, de organizaciones vinculadas al sector antes de avanzar con modificaciones relevantes.
El texto también prohíbe que los cambios en uniformes o símbolos se basen exclusivamente en criterios estéticos, de marketing institucional o decisiones personales, diferenciando entre modificaciones sustanciales y mejoras técnicas.
En este último caso, el Poder Ejecutivo podrá implementar cambios funcionales en la indumentaria, siempre que no se altere la identidad visual de la fuerza, debiendo informar posteriormente a la Legislatura.
El proyecto incluye además consideraciones sobre uniformes de cadetes y variantes históricas, como prendas utilizadas por unidades especiales o formaciones tradicionales, que también quedarían bajo el resguardo de la normativa propuesta.
La iniciativa ahora deberá ser debatida en la Legislatura chaqueña, donde se anticipa una discusión política sobre el alcance de la autonomía del Poder Ejecutivo en la administración de la imagen institucional de la Policía.