Diputados aprobó pagar US$171 millones a fondos buitre y el acuerdo se convirtió en ley
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó ayer la autorización de pagos por US$ 171 millones a dos fondos de inversión que mantienen litigios con la Argentina por bonos de la deuda en default de 2001 y, la iniciativa fue sancionada con 139 votos afirmativos, 97 negativos y sin abstenciones.
La Libertad Avanza (LLA) volvió a contar con el respaldo de los bloques aliados como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bancadas provinciales. “Van a usar los textuales de ustedes para litigar con el Estado argentino. Burradas dijeron”, criticó el líder del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez.
Ahora, el proyecto habilita el acuerdo con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP, en el marco de causas judiciales que el país enfrenta en el exterior por la reestructuración de su deuda soberana.
Actualmente, beneficia a las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, estableciendo un esquema de cancelación que incluye una quita superior al 30 por ciento sobre el valor nominal de las sentencias judiciales originales.
De acuerdo con lo estipulado, el Estado argentino desembolsará 67 millones de dólares destinados al primer fondo y 104 millones de dólares al segundo. La operación se llevará a cabo mediante el mecanismo conocido como “Entrega contra Pago”, e incorpora una cláusula de protección legal denominada “standstill”, la cual prohíbe taxativamente que los demandantes inicien nuevas acciones judiciales o interfieran en las operaciones financieras del país en el exterior.
Por parte del Poder Ejecutivo se enfatizó que esta aprobación legislativa resulta fundamental para finalizar las investigaciones sobre los activos nacionales que los fondos mantenían en curso.
La entrada en vigencia de la ley permitirá, por tanto, la conclusión de los procesos de auditoría y rastreo de activos conocidos como “Discovery”, que involucraban información sobre cuentas bancarias, procesos de privatización y diversos bienes soberanos en el extranjero.
El acuerdo, que lleva la firma del secretario de Finanzas, Federico Furiase, junto a los representantes legales de los fondos involucrados, cuenta con un plazo de vigencia hasta el próximo 30 de junio.