Piden la prisión preventiva de Manuel Adorni por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa

En una presentación dirigida al fiscal federal Gerardo Pollicita que investiga a Manuel Adorni por varios delitos, el abogado Gregorio Dalbón sostuvo que el ex funcionario intentó influir sobre un testigo clave, cuenta con capacidad económica para abandonar el país y perdió su principal arraigo tras renunciar al cargo. En forma subsidiaria, solicitó que se le prohíba salir del territorio nacional, con retención de su pasaporte.

El escrito fue presentado en la causa por enriquecimiento ilícito que tuvo su origen en la denuncia de la diputada Marcela Pagano, y que fue acumulando la prueba recolectada por el fiscal Pollicita. La presentación sostiene que existen “riesgos concretos” tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación y afirma que esas circunstancias justifican la adopción de medidas de coerción personal.

En el escrito, Dalbón recuerda que la prisión preventiva “constituye una medida cautelar de carácter excepcional” y reconoce que “la regla durante la sustanciación del proceso penal es la libertad del imputado”. Sin embargo, sostiene que en este caso “concurren los presupuestos que justifican el dictado de la prisión preventiva respecto de Manuel Adorni”.

Riesgo de entorpecimiento
Uno de los principales argumentos del planteo gira en torno al supuesto riesgo de que Adorni pueda interferir en la investigación.

Según la presentación, durante la pesquisa “se incorporaron elementos objetivos” que permitirían inferir que el ex funcionario “realizó actos concretos dirigidos a influir sobre uno de los principales testigos de la causa”. El escrito pone el foco en la declaración del contratista Matías Tabar, responsable de la remodelación de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club.

También remarca que, hasta su reciente renuncia, Adorni ocupó “uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la administración pública nacional”, circunstancia que —según afirma— le permitió establecer vínculos políticos e institucionales que “objetivamente consideradas, le otorgan una capacidad significativamente superior para influir sobre personas vinculadas a la investigación, coordinar versiones o dificultar la obtención de nuevos elementos probatorios”.

Además, sostiene que el imputado fue modificando públicamente las explicaciones sobre el origen de su patrimonio conforme avanzaba la investigación.

Riesgo de fuga
Dalbón también afirma que existe un “concreto riesgo de fuga”. Entre los fundamentos menciona la capacidad económica atribuida al ex jefe de Gabinete y recuerda que durante la investigación reconoció la existencia de aproximadamente 500.000 dólares que no habían sido incluidos en sus declaraciones juradas.

“La disponibilidad de recursos económicos de semejante magnitud constituye un elemento objetivo que incrementa sensiblemente sus posibilidades materiales de sustraerse del accionar de la justicia”, afirma.

Agrega que Adorni “ha demostrado contar con acceso a vuelos privados”, lo que, según sostiene, “podría facilitar una rápida salida del territorio nacional o dificultar el efectivo control de sus desplazamientos”.

Otro de los argumentos invocados es la reciente renuncia al cargo de jefe de Gabinete. Para Dalbón, esa decisión implicó “el cese de la principal actividad laboral formal que justificaba su permanencia institucional en el país y, en efecto, su principal arraigo al territorio nacional”.

Con esos elementos, concluye que existen “riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación y de fuga”, por lo que considera que la prisión preventiva constituye “el único medio idóneo para asegurar el normal desarrollo del proceso y la efectiva sujeción del imputado a la jurisdicción”.