Intendentes piden a los senadores misioneros votar contra el proyecto de extranjerización de tierras: “Para Misiones es una amenaza territorial”

Los intendentes de Misiones, a través de la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM) y de la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM), emitieron ayer un documento en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional de Javier Gerardo Milei que propone modificar el régimen de propiedad de tierras rurales, y reclamaron a los senadores nacionales por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de Encuentro Misionero, cuyo mentor es Carlos Rovira y  Martín Goerling del PRO de Mauricio Macri, que voten en contra de la iniciativa durante la sesión prevista para el próximo 6 de agosto.

En el documento firmado por el presidente de la ADINM, Fernando Ferreira, y el titular de la CODEIM, Carlos Gustavo Koth, los intendentes sostienen que la propuesta denominada “Inviolabilidad de la propiedad privada” representa, en los hechos, una desregulación que elimina las principales restricciones establecidas por la Ley 26.737 sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Los intendentes advierten que el proyecto deroga límites considerados estratégicos para la protección del territorio nacional, como el tope del 15% de superficie rural en manos extranjeras, las restricciones por nacionalidad y las protecciones especiales sobre inmuebles con cuerpos de agua.

Además, expresan una fuerte preocupación por la incorporación del denominado “silencio administrativo positivo”, mecanismo por el cual una operación quedaría automáticamente autorizada si el Estado no responde en un plazo de 180 días, incluso en casos vinculados con tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera o con empresas de participación estatal extranjera.

“Si el Estado no responde en 180 días, la venta queda autorizada de pleno derecho, con lo cual la soberanía territorial pasa a depender de un expediente que nadie contestó”, sostienen en el documento, al considerar que se trata de una situación de “gravedad extrema”.

“Para Misiones es una amenaza territorial”
Los intendentes remarcan que la realidad geográfica de Misiones convierte el debate en una cuestión estratégica y no meramente económica. Recuerdan que la Provincia posee cerca del 90% de sus límites sobre frontera internacional, alberga parte del Acuífero Guaraní —una de las mayores reservas de agua dulce del mundo— y concentra la principal superficie de selva paranaense del país.

“Para Misiones, la desregulación de la tierra no es una abstracción económica, sino una amenaza territorial concreta”, señalaron. En ese sentido, invocan el artículo de la Constitución Nacional que reconoce a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales y sostienen que “la administración de la tierra misionera se decide en Misiones y es indelegable”.

Reclamo directo a los senadores
El documento está dirigido a los tres representantes de Misiones en el Senado y les solicita que, durante la sesión del 6 de agosto, “cumplan con el rol constitucional de representar a la Provincia” votando negativamente el proyecto.

Asimismo, los intendentes reclamaron que cada senador explique públicamente la posición que adoptará respecto de la iniciativa, al señalar que son los jefes comunales quienes reciben de manera directa las inquietudes y reclamos de la ciudadanía.

En el tramo final del pronunciamiento, sostienen que varias de las decisiones adoptadas recientemente por los representantes misioneros en la Cámara Alta “vienen colisionando casi sistemáticamente con el mandato que recibieron para representar y defender los intereses de nuestra Provincia en el Senado de la Nación”.

El documento lleva las firmas de Fernando Ferreira, presidente de la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM), y Carlos Gustavo Koth, presidente de la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM), y constituye el primer posicionamiento institucional conjunto de los intendentes misioneros en rechazo al proyecto de ley que busca eliminar las restricciones vigentes a la extranjerización de tierras rurales.