2026-08-12

Demandan a Trump por cobrar hasta 100.000 dólares por acceso a publicaciones oficiales

The Intercept y la Freedom of the Press Foundation presentaron una demanda contra Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca por el servicio Truth API, que ofrece a clientes institucionales acceso anticipado a publicaciones de las cuentas más influyentes de Truth Social.

Un medio de comunicación y una organización dedicada a la defensa de la libertad de prensa demandaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un sistema que permite a determinados suscriptores acceder de manera anticipada a publicaciones de Truth Social.

La demanda fue presentada este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York por The Intercept y Freedom of the Press Foundation, junto con otras organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos civiles y el acceso a la información.

Los denunciantes buscan impedir lo que califican como una “trama inconstitucional para monetizar” las publicaciones presidenciales difundidas a través de la red social.

Un servicio de hasta 100.000 dólares mensuales

Desde el 1 de agosto, Trump Media, empresa matriz de Truth Social, ofrece a clientes institucionales una suscripción que puede alcanzar los 100.000 dólares mensuales.

El servicio, denominado Truth API, permite recibir con mayor rapidez las publicaciones de las diez cuentas más influyentes de la plataforma, entre ellas la de Trump, que utiliza habitualmente para comunicar información relacionada con su gobierno.

Los demandantes sostienen que este mecanismo establece un acceso desigual a información de interés público.

“Al ofrecer acceso preferente a las misivas presidenciales, el plan de monetización, llamado ‘Truth API’, violaría los derechos de la Primera Enmienda de los periodistas y otros miembros del público sobre un acceso igualitario a la información oficial, al tiempo que permitiría a Trump intercambiar sus declaraciones públicas por dinero en efectivo”, señalaron.

La demanda también invoca la Quinta Enmienda, al considerar que el gobierno no puede establecer condiciones consideradas extorsivas o irrazonables para acceder a prestaciones gubernamentales.

“Todo estadounidense tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones”

Entre las organizaciones que respaldan la presentación se encuentra Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

Su asesor jurídico principal, Nikhel Sus, cuestionó que el presidente pueda obtener un beneficio económico a partir de sus comunicaciones oficiales.

“Esta demanda busca reivindicar el principio de que el presidente de los Estados Unidos no puede lucrarse con las declaraciones oficiales del gobierno”, declaró.

Y agregó: “Todo estadounidense tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones a las declaraciones públicas del presidente. Quienes pagan 100.000 dólares a la empresa personal del presidente no tienen mayor derecho a acceder a dichas declaraciones”.

Desde la Freedom of the Press Foundation, su director de activismo, Seth Stern, también cuestionó el sistema.

“Un presidente vendiendo acceso prioritario a las noticias que él mismo genera para beneficio de una empresa privada que él controla es tan flagrantemente corrupto e inconstitucional que habría sido difícil de imaginar hace solo unos años”, manifestó.

Ben Muessig, redactor jefe de The Intercept, sostuvo por su parte: “Trump está intentando enriquecerse privatizando información gubernamental que no tiene derecho a vender”.

Y remarcó: “No lo vamos a permitir”.

Quiénes fueron incluidos en la demanda

Además de Trump, la presentación judicial menciona como demandados a Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente; Daniel Scavino, subjefe de gabinete de la Casa Blanca; la Oficina Ejecutiva del Presidente y la Oficina de la Casa Blanca.

Los representantes de Trump, de los funcionarios mencionados y de Trump Media no habían respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Truth Social, la principal vía de comunicación de Trump

Truth Social surgió durante el período en el que Trump estuvo fuera de las principales redes sociales. En 2021, el entonces presidente había sido suspendido de distintas plataformas después del intento de insurrección del 6 de enero.

Semanas después, Trump fundó Trump Media & Technology Group y anunció la creación de su propia red social.

Truth Social comenzó a operar en 2022 y Trump Media salió a bolsa en 2024 mediante una fusión con una empresa de adquisición con fines especiales, conocida como SPAC.

Aunque posteriormente Trump recuperó su presencia en otras plataformas, el mandatario continúa utilizando Truth Social como su principal canal de comunicación directa con el público.

Las pérdidas de Trump Media

La disputa por Truth API se produce mientras Trump Media atraviesa dificultades financieras.

La compañía informó el martes que durante el segundo trimestre de 2026 multiplicó por diez sus pérdidas respecto del mismo período del año anterior, hasta alcanzar 238,1 millones de dólares.

Al mismo tiempo, casi duplicó sus ingresos, que llegaron a 1,7 millones de dólares.

La empresa informó además que Truth API ya cuenta con diez clientes y proyectó que el servicio pueda convertirse en una fuente de ingresos recurrentes.

Reclamos por la libertad de prensa

La demanda también se inscribe en un escenario de crecientes cuestionamientos sobre la relación de la administración Trump con los medios de comunicación.

A fines de julio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había advertido sobre un retroceso de la libertad de expresión en el continente y señaló particularmente la situación de Estados Unidos.

Durante la inauguración de la conferencia SIPConnect 2026, realizada en Miami, el director ejecutivo de la organización, Carlos Lauría, expresó:

“En algunos países, la persecución es abierta y brutal. Y debemos decirlo con claridad: Estados Unidos no está al margen de esta tendencia. La situación de la libertad de prensa en este país reviste gravedad”.

Lauría también cuestionó las “señales que no pueden minimizarse”, entre ellas las presiones contra periodistas, las demandas judiciales contra medios, la retórica hostil y las restricciones al acceso a la información.

“Cuando estos hechos ocurren en una democracia con enorme influencia global, su impacto trasciende las fronteras. Lo que se normaliza aquí puede convertirse en justificación en otros lugares”, sostuvo.

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