La Justicia pidió al Gobierno información sobre fondos destinados a rutas nacionales

El juez federal Ariel Lijo pidió al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, a la Jefatura de Gabinete y a la Dirección Nacional de Vialidad documentación vinculada con los fondos destinados a obras y mantenimiento de la red vial.

La medida se enmarca en la causa iniciada a partir de las denuncias de la diputada Victoria Tolosa Paz y del gobernador Ricardo Quintela, en representación de la provincia de La Rioja. Tolosa Paz y La Rioja fueron aceptados como querellantes, por lo que podrán impulsar la investigación y solicitar nuevas medidas de prueba.

Según la denuncia riojana, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional. El planteo judicial advierte además que, durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei, se asignaron alrededor de $1,5 billones al sistema, pero apenas $394.406 millones fueron aplicados efectivamente a obras y mantenimiento vial.

La denuncia de Tolosa Paz acusa a Caputo y a funcionarios de Vialidad y del Banco Nación por la presunta “malversación de caudales públicos agravada y el desvío ilegítimo de más de 1,5 billones de pesos” recaudados mediante el impuesto a los combustibles.

Esos recursos tienen una afectación específica por ley y deben destinarse al mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales. El planteo sostiene que, en lugar de ser girados a las obras, fueron colocados en plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.

Lijo también solicitó información a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación para determinar si desde 2024 se realizaron auditorías, observaciones o actuaciones sobre el fideicomiso creado por el decreto 976/01 y la cuenta especial SISVIAL.

La investigación judicial vuelve así a poner bajo la lupa el destino de fondos que, según las denuncias, debían llegar a las rutas y terminaron en instrumentos financieros.