2026-09-05

Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil: los adolescentes podrán ser imputados desde los 14 años

Desde este sábado rige la Ley 27.801, que reemplaza el régimen anterior y baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La norma establece penas de hasta 15 años para los delitos más graves y contempla medidas alternativas a la prisión.

Desde este sábado entra en vigencia en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que baja de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser imputado penalmente.

Esto significa que los adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos contemplados por la ley podrán ser investigados, juzgados y, en determinados casos, recibir una condena.

Sin embargo, tener 14 años y cometer un delito no significa automáticamente ir a prisión. El nuevo régimen establece distintas medidas según la gravedad del hecho y la pena prevista.

Para los delitos cuya pena sea de hasta tres años, la ley no permite aplicar prisión efectiva. También contempla alternativas como servicios comunitarios, reparación del daño, reglas de conducta, prohibiciones de acercamiento y monitoreo electrónico, entre otras medidas.

Para los delitos más graves, el régimen establece una pena máxima de 15 años de prisión y prohíbe la prisión perpetua para adolescentes.

La norma también dispone que los menores no pueden permanecer alojados en establecimientos junto con adultos y establece que la privación de la libertad debe utilizarse como último recurso.

Otro de los cambios es la incorporación de supervisores especializados, que deberán acompañar y controlar a los adolescentes que reciban medidas judiciales. Podrán ser profesionales de áreas como psicología, trabajo social, educación o adicciones.

La implementación del nuevo sistema genera además interrogantes por los recursos disponibles, la infraestructura y la cantidad de personal especializado que deberán tener las distintas jurisdicciones.

Con la entrada en vigencia de la ley, comienza una nueva etapa para la Justicia Penal Juvenil en el país, mientras continúa el debate sobre cuál es la mejor manera de responsabilizar a los adolescentes que cometen delitos y, al mismo tiempo, favorecer su reinserción social.

 
 
 
 
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