2026-09-08

Denunciaron a Luis Caputo por el ingreso de Southern Energy al RIGI y su vínculo con una petrolera sancionada

La abogada Virginia Marta Cassola presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria de Energía, María Tettamanti, y otros funcionarios que participaron del trámite mediante el cual Southern Energy S.A. fue incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La presentación pide investigar la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación en perjuicio de la administración pública, sin perjuicio de otras figuras que puedan surgir durante la investigación.

El planteo pone bajo la lupa la participación de Harbour Energy, que, según la denuncia, posee el 15% de Southern Energy y estaría vinculada societariamente con Premier Oil PLC, una compañía que fue inhabilitada en 2013 para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

La denuncia sostiene que esa inhabilitación, dispuesta mediante la Resolución 481/2013 de la Secretaría de Energía, tenía una duración de 15 años, por lo que se encontraba vigente hasta 2028.

Qué controles hizo el Gobierno
La presentación busca determinar qué información entregó Southern Energy al Estado y, fundamentalmente, qué controles realizaron los funcionarios antes de aprobar su incorporación al RIGI.

Según la denuncia, Premier Oil cambió su denominación y pasó a llamarse Harbour Energy, aunque se pide reconstruir documentalmente la continuidad de esa estructura empresarial. “Corresponde determinar qué información fue proporcionada por la sociedad, qué controles realizaron los funcionarios intervinientes y si la aprobación del beneficio resultó incompatible con las prohibiciones establecidas por la Ley N° 26.659”, sostiene la presentación.

El antecedente que originó la sanción está relacionado con actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor del proyecto Sea Lion, en las proximidades de las Islas Malvinas. La denuncia pide establecer, además, si aquella inhabilitación fue posteriormente levantada, suspendida o modificada y, en ese caso, mediante qué acto administrativo.

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