2026-10-06

Granja Tres Arroyos confirmó 1.250 despidos tras el vencimiento de la conciliación obligatoria

La empresa ratificó las desvinculaciones en sus plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar. En paralelo, la Justicia ordenó explicar la existencia de casi USD 30 millones depositados en dos bancos, mientras los trabajadores reclaman salarios adeudados.

Granja Tres Arroyos confirmó los 1.250 despidos que había anunciado semanas atrás, luego de que venciera la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires sin que la empresa y el gremio alcanzaran un acuerdo.

Según los datos oficiales, los ceses afectan a 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 500 de Esteban Echeverría y 50 de Pilar.

La compañía justificó la medida en “la necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación”. Además, rechazó las denuncias de vaciamiento y aseguró que mantiene su disposición al diálogo para analizar alternativas que permitan sostener la actividad y atender la situación de los trabajadores.

El conflicto se desarrolla en medio de una profunda crisis financiera de la empresa, que recientemente solicitó la apertura de su concurso preventivo. La compañía reconoció una deuda superior a $126.000 millones y atribuyó sus dificultades al deterioro del mercado interno, el ingreso de pollo importado desde Brasil, el cierre de mercados externos por el brote de gripe aviar y el aumento de los costos.

La Justicia puso la lupa sobre casi USD 30 millones

Al mismo tiempo, la situación judicial se complicó. El Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de USD 13,5 millones depositados por la empresa en el Banco de Comercio, en el marco de las denuncias de vaciamiento y los reclamos de los trabajadores.

El juez Germán Páez Castañeda también advirtió que, según la propia presentación del concurso preventivo, Granja Tres Arroyos tendría otros casi USD 16 millones depositados en Eurobanco.

Por eso, la Justicia le pidió a la empresa que explique el origen, destino y disponibilidad de esos fondos y cómo se compatibiliza la existencia de ese dinero con las dificultades denunciadas para afrontar regularmente las obligaciones laborales.

Los trabajadores reclaman el pago de cuatro meses de salarios y el aguinaldo adeudado. Ahora, uno de los principales interrogantes es cuándo podrán cobrar las indemnizaciones correspondientes a los despidos.

La apertura formal del concurso preventivo todavía está pendiente de una definición judicial sobre qué juzgado tendrá competencia en el expediente. Mientras tanto, otro tribunal dispuso la inhibición general de bienes y un embargo por $605 millones a raíz de una deuda reclamada por el Banco Credicoop.

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