Productores yerbateros exigen a la Cámara de Diputados de la Nación el rechazo inmediato del DNU 70/23 y alertan sobre el “devastador impacto” de la norma
Con miras a la sesión del 15 de este mes, los productores yerbateros de Misiones exigieron a la Cámara de Diputados de la Nación el rechazo inmediato e incondicional del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 70/2023.
A través de un documento enviado al Congreso, alertaron sobre el “devastador impacto” que la norma y el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia -que avala la venta ilimitada de tierras a extranjeros- provocan sobre la soberanía y la economía agraria, advirtiendo a los legisladores que no habrá lugar para la “moderación” cuando se trate de defender el territorio nacional.
El texto, fechado ayer, encabeza con la histórica frase de José de San Martín: “Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”, y lleva la firma de los referentes del sector productivo yerbatero Luis Alberto Andrusyzsyn, Karina Grams, Luis Mancini, Hugo Sand, Carlos Pauluk, Karina Gural, Noemi Bierozko, Oscar Klingbeil, Carlos Ortt, Amalia Radovancich, Susana Cuadra, Jonás Petterson, Roberto Ferreyra, Gabriel Mauricci, José Oscar Rodríguez, Pedro Mulawka, Roque Barella, Julio Petterson, Víctor Tarnowyki, Jorge Skripczuk, Manfredo Seifert, Ramon Leónidas, Juan Carlos Dmitowicz, Alberto Kuhlig, Luisa David, Juan Ríos, Hugo Soboczinki, Natalicio Drebel, entre otros.
En el documento, cuestionan duramente la paralización de la demanda y de la medida cautelar que busca restituirle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) las herramientas reguladoras para proteger al sector.
“Estamos convencidos de que nuestra demanda reúne todos los requisitos: cuenta con sólidos fundamentos constitucionales y pruebas de la flagrante ilegitimidad del Ejecutivo nacional por falta de motivación, desviación de poder y cambio institucional”, señalaron.
Y remarcaron con dureza: “Pese a la evidencia y a la afectación directa del interés general de toda una provincia, llevamos seis meses esperando que la Justicia Federal se expida sobre la cautelar”.