La Justicia decretó la quiebra del aserradero Linor de Azara y 130 trabajadores quedaron sin empleo
La Justicia de Misiones decretó la quiebra indirecta de Linor S.R.L., el aserradero ubicado sobre la ruta provincial 1, en Azara, que cerró sus puertas en mayo de este año y dejó a unos 130 trabajadores sin empleo.
La sentencia fue dictada el 15 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori. La medida se conoció tras su publicación en el Boletín Oficial de Misiones y responde al incumplimiento de un acuerdo preventivo homologado durante el concurso de acreedores, iniciado en 2020.
Con la declaración de quiebra, los bienes de la empresa quedaron sujetos al proceso judicial y bajo la intervención de la sindicatura, que deberá avanzar con el inventario del patrimonio, la determinación de las deudas y la verificación de los créditos reclamados.
Incautación de bienes y bloqueo de cuentas
Entre las principales medidas dispuestas, el juzgado ordenó la entrega inmediata de los inmuebles, las instalaciones industriales, las maquinarias, los vehículos y la documentación comercial, laboral, contable e impositiva de la firma a la sindicatura.
La resolución también contempla el auxilio de la fuerza pública, la colocación de fajas de clausura y la posibilidad de realizar allanamientos si fueran necesarios para concretar la incautación.
Además, se dispuso la inhibición general de bienes de Linor S.R.L. y el bloqueo e indisponibilidad de sus cuentas bancarias, depósitos y valores. También se prohibió realizar pagos a la empresa o entregarle bienes al margen de las disposiciones judiciales.
La firma y sus administradores fueron intimados a presentar los libros comerciales, los registros laborales y la documentación contable e impositiva dentro de un plazo de 48 horas.
El socio gerente no podrá salir del país
La medida judicial también alcanza a Juan Carlos Lorenzo, socio gerente de Linor S.R.L., sobre quien se dispuso la prohibición de salir del país hasta la presentación del informe general de la sindicatura.
Para hacer efectiva la restricción, el juzgado ordenó comunicar la medida a la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los organismos correspondientes.
Asimismo, Lorenzo y los representantes de la empresa deberán colaborar con el proceso judicial y aportar la documentación e información que les sea requerida.
Incertidumbre por los salarios y las indemnizaciones
Uno de los puntos centrales de la resolución es la situación de los aproximadamente 130 trabajadores afectados por el cierre del aserradero en mayo. El juzgado ordenó elaborar un informe laboral individualizado para determinar las obligaciones pendientes con cada empleado.
El relevamiento deberá incluir las fechas de inicio y finalización de cada relación laboral, las remuneraciones adeudadas, las posibles indemnizaciones y la clasificación de los créditos según el período en que se originaron.
La sindicatura tendrá un plazo de 30 días desde la incautación de los libros laborales o la revisión de los expedientes pertinentes para presentar el informe.
En cuanto a los acreedores que ya habían obtenido el reconocimiento de sus créditos durante el concurso preventivo, no deberán iniciar nuevamente ese trámite, aunque se deberán actualizar los saldos. Otros acreedores tendrán que solicitar la verificación de sus créditos dentro de los plazos establecidos judicialmente.
La declaración de quiebra no garantiza el cobro inmediato de los salarios e indemnizaciones. La posibilidad de recuperar esos montos dependerá de la determinación de las deudas y de los recursos disponibles dentro del proceso judicial.
Una crisis que terminó en el cierre de la planta
Linor S.R.L. atravesó dificultades financieras que derivaron en un prolongado conflicto laboral. La empresa, dedicada a la actividad maderera y a la fabricación de pallets, cesó sus actividades en mayo de 2026, cuando alrededor de 130 trabajadores quedaron sin empleo.
Tras el cierre, los empleados reclamaron el pago de salarios e indemnizaciones adeudados y realizaron una vigilia en el establecimiento ante la preocupación por el retiro de maquinarias y otros bienes.
Ahora, con la declaración de quiebra, se abre una nueva etapa judicial para establecer las obligaciones de la firma y determinar qué recursos podrán destinarse al pago de los acreedores.
Mientras avanza el proceso, los trabajadores continúan a la espera de respuestas sobre las deudas laborales y la posibilidad de cobrar las sumas reclamadas.