Recamán defendió el ordenamiento ambiental de Misiones ante el pedido de ampliar las tierras productivas
El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia, Martín Recamán, se refirió a la discusión sobre el uso productivo de las tierras y los límites de la protección ambiental, que volvió a instalarse en Misiones a partir de distintos planteos de sectores vinculados con la producción que buscan revisar las superficies alcanzadas por las categorías de protección establecidas por la normativa provincial.
En tal sentido, remarcó la necesidad de analizar cualquier modificación del ordenamiento territorial desde una perspectiva técnica, considerando las características de los suelos y los riesgos ambientales asociados a determinados terrenos.
El planteo adquiere relevancia en paralelo con el proyecto que comenzó a ser analizado en la Legislatura misionera y propone modificar la normativa provincial de bosques nativos.
La iniciativa apunta a flexibilizar las condiciones que determinan qué superficies quedan comprendidas dentro de la Categoría II, identificada con el color amarillo, y cuáles pueden ser consideradas Categoría III, de color verde, donde existen mayores posibilidades de aprovechamiento productivo y cambios de uso del suelo bajo determinadas condiciones.
Consultado sobre los pedidos de sectores productivos para modificar las zonas actualmente identificadas como amarillo, Recamán recordó que Misiones consolidó en 2010 un ordenamiento territorial a través de la legislación vinculada con los bosques nativos, que estableció tres categorías de conservación.
El ministro puso el foco particularmente en las características de los terrenos comprendidos dentro de la Categoría II. Según explicó, se trata principalmente de superficies asociadas a suelos pedregosos y de mayor complejidad, donde la remoción de la cobertura superficial puede generar dificultades para sostener posteriormente una actividad productiva.
Recamán también hizo especial referencia a las zonas con pendientes pronunciadas. En ese sentido, advirtió que la incorporación de determinadas superficies a actividades productivas debe evaluarse considerando el riesgo de degradación y pérdida del suelo.
La preocupación ambiental, explicó, está vinculada con la posibilidad de que la remoción de la cobertura vegetal deje expuestos terrenos que pueden sufrir procesos de lavado y erosión.