La Justicia impuso una multa diaria al Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario
La Justicia federal resolvió aplicar una multa diaria al Gobierno nacional por incumplir la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, dispuso que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sea alcanzado por una sanción inicial de $100.000 por cada día de incumplimiento.
La resolución se conoció el miércoles 14 de octubre, un día antes de la Quinta Marcha Universitaria Federal. La medida busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la cautelar que establece la actualización de los salarios del personal docente y no docente y de las becas universitarias.
El magistrado fundamentó la decisión en el incumplimiento de una intimación previa al Estado nacional. Además, advirtió que tanto el monto de las multas como los funcionarios alcanzados por la sanción podrán modificarse posteriormente.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado la aplicación de estas multas al considerar que el plazo otorgado por la Justicia había vencido sin que se acreditara el cumplimiento de la medida. Su titular y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, valoró la decisión por establecer una responsabilidad concreta sobre una autoridad del Poder Ejecutivo.
El conflicto judicial se originó en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial. En diciembre pasado, Cormick había dictado una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la norma.
Posteriormente, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo confirmó esa medida y, en junio, la Corte Suprema rechazó los planteos del Poder Ejecutivo. A comienzos de octubre, el juez también declaró la inconstitucionalidad de un tramo del Decreto N.º 759/2025, mediante el cual el Gobierno había frenado la ejecución de la ley.
Aunque el Gobierno apeló ese último fallo, el magistrado concedió el recurso y mantuvo la ejecución de la medida cautelar que ordena actualizar salarios y becas.
De esta manera, la sanción económica busca presionar al Ejecutivo para que cumpla con las obligaciones judiciales pendientes, mientras continúa el proceso por la aplicación de la ley y crece la tensión en torno al financiamiento de las universidades públicas.