Casi tres años después de haberla derogado, el oficialismo ratificó la Ley de Tierras
La Libertad Avanza firmó un dictamen de mayoría junto al PRO y la UCR para restablecer la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, derogada mediante el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
La incorporación quedó incluida en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reunió 34 firmas en la Cámara de Diputados. La norma, sancionada a fines de 2011 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece límites a la extranjerización de tierras rurales en Argentina.
El acuerdo propone dejar sin efecto el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia y restituir plenamente la legislación anterior. El entendimiento se alcanzó después de la media sanción del proyecto en el Senado y en medio de las negociaciones por una sesión opositora prevista para este jueves.
El oficialismo buscó reunir apoyos para recuperar la regulación sobre tierras rurales sin poner en riesgo el resto del DNU 70/2023, que incluye cambios en distintas áreas de la economía. El radical Diógenes González actuó como miembro informante del dictamen de mayoría y señaló que la Ley de Tierras generó una “gran conmoción pública”.
Desde Unión por la Patria, el diputado Diego Giuliano cuestionó el giro del Gobierno y afirmó: “Vuelven a la ley del peronismo respecto a la protección de las tierras”.
La decisión generó críticas de otros sectores opositores. Paula Penacca cuestionó el cambio de postura del oficialismo, mientras que Myriam Bregman sostuvo que la restitución de la norma podía utilizarse para evitar que la oposición reuniera quórum y avanzara contra el DNU.
La izquierda advirtió que el acuerdo no debía convertirse en un motivo para respaldar el resto del decreto. Además del dictamen de mayoría, Unión por la Patria firmó un despacho de rechazo junto a los diputados misioneros de Argentina Federal, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron un dictamen propio.
La discusión continuará en el Congreso, donde el debate sobre la Ley de Tierras quedó ligado a la disputa política por la vigencia del decreto presidencial.