Causa ANDIS: ampliaron el procesamiento de Diego Spagnuolo por presuntas coimas y sobreprecios millonarios
La Justicia federal amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y de otros implicados en la investigación por el presunto pago de coimas y el direccionamiento de contrataciones públicas dentro del organismo.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien también amplió los procesamientos de Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita. Además, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich fueron considerados presuntos integrantes de esa organización. Todos ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026.
Según la resolución judicial, la investigación detectó diferencias de precios por más de $7.833 millones en medicamentos e insumos médicos. Las maniobras bajo sospecha estarían vinculadas con contrataciones realizadas en la ANDIS, principalmente a través del Programa Incluir Salud.
A los principales investigados se les atribuyen, entre otros, los presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional.
La Justicia también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas, entre ellas empresarios vinculados con laboratorios y proveedores de insumos ortopédicos.
Cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con el juez, las pruebas reunidas permiten considerar, en grado de probabilidad, que habría existido una organización que operaba dentro y fuera de la agencia para favorecer a determinadas empresas en las contrataciones públicas.
La hipótesis judicial sostiene que algunos de los involucrados habrían intervenido en la selección de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia y el direccionamiento de adjudicaciones, además de gestionar pagos en beneficio de firmas determinadas.
La resolución señala que estas prácticas habrían generado sobreprecios y beneficios indebidos para funcionarios y otros integrantes de la presunta organización. Para el magistrado, no se trataría de hechos aislados, sino de un esquema que habría funcionado de manera organizada y sostenida en el tiempo.
La causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados.