Causa ANDIS: piden indagar a los dueños de Suizo Argentina y a otros 38 empresarios por presunta corrupción
La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo avance judicial. Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 nuevas declaraciones indagatorias, entre ellas las de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina.
En el dictamen presentado ante el juzgado federal que subroga Ariel Lijo, los investigadores sostuvieron que la empresa habría ejercido un control irregular sobre el funcionamiento de la ANDIS y sobre las compras estatales de medicamentos e insumos de alto costo.
Según la acusación fiscal, el presunto esquema habría incluido acuerdos entre proveedoras para distribuirse contrataciones, manipulación de precios y pagos de retornos a funcionarios. Los fiscales atribuyeron a los hermanos Kovalivker posibles roles de liderazgo y participación en una asociación ilícita, aunque las responsabilidades deberán determinarse en el proceso judicial.
Denuncian sobreprecios y acuerdos entre droguerías
De acuerdo con el dictamen, unas 15 empresas proveedoras habrían coordinado sus ofertas para intervenir en las compras de medicamentos destinadas a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves.
La fiscalía señaló que parte de las adquisiciones se realizaba mediante compulsas reducidas, en las que la ANDIS seleccionaba a las empresas invitadas a cotizar. Ese mecanismo habría permitido, según la hipótesis de los investigadores, limitar la competencia y establecer precios superiores a los valores habituales.
Como ejemplo, los fiscales mencionaron el medicamento Macitentan de 10 miligramos. En abril de 2025, Ultra Pharma lo cotizó a $464.508, mientras que Génesis S.A. presentó una oferta de $2.145.363,20 en una compulsa reducida durante el mismo mes. En mayo, la cotización de Génesis llegó a $4.709.161,38.
Los investigadores también sostuvieron que Suizo Argentina habría contado con información anticipada sobre las ofertas de sus competidores, lo que le habría permitido intervenir en las contrataciones públicas.
Exfuncionarios bajo investigación
El pedido de nuevas indagatorias alcanza a exfuncionarios y personas que ya se encuentran procesadas en el expediente. Entre ellos figuran el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo; el exfuncionario Daniel Garbellini; el lobista Pablo Atchabahian y el empresario Miguel Ángel Calvete.
La fiscalía también pidió que Spagnuolo sea indagado por un presunto soborno que habría consistido en un viaje a Israel con alojamiento incluido. La hipótesis se apoya, entre otros elementos, en mensajes incorporados a la investigación sobre gestiones vinculadas con ese viaje.
El expediente se inició en agosto de 2025, luego de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionaban presuntas irregularidades dentro del organismo. Sin embargo, los fiscales no utilizaron esas grabaciones como prueba en el dictamen, según la información publicada.
En la causa también se investiga el posible papel de otros intermediarios y de empresas proveedoras que habrían participado en las contrataciones cuestionadas.
Las personas con discapacidad, entre las principales perjudicadas
Los fiscales advirtieron sobre el impacto social que podrían haber tenido las maniobras investigadas, al señalar que los recursos presuntamente desviados estaban destinados a atender las necesidades de personas con discapacidad y pacientes en situación de vulnerabilidad.
Además, recordaron que durante un allanamiento realizado en agosto de 2025 en las oficinas de Suizo Argentina, sus directivos no habrían facilitado las claves de computadoras cuyos discos estaban encriptados, circunstancia que, según la fiscalía, dificultó el acceso a información relevante.
Qué deberá resolver la Justicia
Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá resolver si acepta el pedido de los fiscales y convoca a declarar a los empresarios y exfuncionarios señalados.
La investigación busca establecer las responsabilidades individuales y determinar si las compras públicas de medicamentos fueron manipuladas para favorecer intereses privados, con eventuales perjuicios económicos para el Estado y para los destinatarios de las prestaciones.