Robos de naranjas en Eldorado: la Policía descubrió que los niños mbya las recolectaban

Tras las denuncias de un productor citrícola, la Policía realizó más de 15 intervenciones durante un mes. En el último procedimiento, identificaron a cuatro menores con 221 naranjas. El caso quedó a disposición de la Justicia.

La Policía de Misiones investigó durante aproximadamente un mes las reiteradas sustracciones de naranjas de una propiedad rural de Eldorado y estableció que quienes ingresaban a la plantación eran niños y adolescentes de comunidades mbya guaraníes. Según las averiguaciones, recolectaban las frutas para consumirlas con sus familias y, en algunos casos, intercambiarlas por mercaderías.

La investigación comenzó a partir de las denuncias de un productor citrícola, quien advirtió que personas ingresaban a su establecimiento, ubicado en inmediaciones del camino a Puerto Mado, y retiraban frutas. Ante la reiteración de los hechos, la Unidad Regional III dispuso tareas de vigilancia a cargo de la División Delitos Rurales.

Durante ese período, los efectivos realizaron más de 15 intervenciones y documentaron el ingreso de menores a la plantación. Según lo establecido, se desplazaban por sectores de monte y senderos, recogían naranjas y se retiraban con la fruta en mochilas y bolsas.

En el marco de las actuaciones, los policías se acercaron a las comunidades Ysyry e Yvoty Porã y dialogaron con los caciques y familiares. En esos encuentros, los integrantes de las comunidades explicaron que su forma de vida está vinculada con el monte, por donde tradicionalmente se desplazan y buscan alimentos. También señalaron que la plantación no tiene límites físicos visibles que permitan distinguir con claridad el área cultivada de los sectores de circulación.

El procedimiento más reciente se realizó este lunes 26 de octubre, cerca de las 15, en la propiedad María Magdalena. Allí, los efectivos identificaron a cuatro menores que llevaban 221 naranjas distribuidas en dos mochilas y dos bolsas. La fruta fue secuestrada y se dio intervención a los padres de los niños y a las autoridades comunitarias.

Las actuaciones fueron elevadas a la Justicia, que deberá evaluar las circunstancias de los hechos y resolver las cuestiones vinculadas con la propiedad del establecimiento y los derechos de los niños y adolescentes involucrados.

Te puede interesar